Los bares de Andalucía podrán duplicar la organización de pequeños conciertos

El Gobierno andaluz trató este martes de dar un empujón al sector servicios que considera clave en la recuperación económica. Empezando por la hostelería, un sector que registró el año pasado cerca de 55.000 establecimientos, los cuales emplearon a 295.000 personas, y que tiene un impacto del 5,6% en la riqueza regional (PIB).

En esta clave, el Gobierno andaluz aprobó un decreto ley que autoriza a los ayuntamientos, con carácter temporal y en todo caso hasta el 21 de octubre próximo , a permitir la apertura de los bares, terrazas y veladores hasta las 3 de la mañana todos los días de la semana.

Además, autoriza a los establecimientos de hostelería a que puedan ocupar hasta la mitad de su aforo en las provincias que se encuentran ya en fase 2, que es el tope máximo que permite la normativa de desescalada del Gobierno de España.

Este decreto ley también recoge una autorización motivada en el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en las zonas con predominio de viviendas y establece que las mediciones de nivel de ruido se tomarán en el interior de las edificaciones.

También se aumenta la capacidad para organizar espectáculos públicos en estos establecimientos de ocio. La normativa actual permite actividades extraordinarias 12 días al año, entendiéndose por extraordinarios aquellos espectáculos o actividades recreativas no previstos en las condiciones de apertura y funcionamiento del establecimiento, como son los conciertos de pequeño tamaño .

Con esta norma aprobada el martes por el Consejo de Gobierno, los bares y establecimientos de hostelería podrán celebrar estos conciertos extraordinarios hasta 24 días en el año.

El decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía modifica hasta tres normas vigentes —el catálogo de establecimientos públicos, la celebración de actividades recreativas con carácter ocasional y extraordinario, y el reglamento de contaminación acústica— pero deberán ser los ayuntamientos los que establezcan las normas concretas a aplicar en sus respectivos municipios.