INFORME

Los consejeros del PSOE y Adelante apoyan la falta de publicidad en los contratos de Canal Sur con productoras

Emiten un voto discrepante contra el informe de la Cámara de Cuentas que analiza la gestión socialista en la RTVA

Antonio López (segundo por la izquierda) saluda al anterior presidente del Parlamento J.M.SERRANO

Antonio R. Vega

Los consejeros de la Cámara de Cuentas de Andalucía nombrados a propuesta de los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos sostienen que los contratos adjudicados por Canal Sur a las productoras para rellenar su parrilla de programación no deben estar regidos por las reglas de contratación pública. Muchas de estas empresas audiovisuales están constituidas por ex directores generales de la cadena autonómica, las conocidas como «pata negra».

Dichos consejeros han plasmado sus diferencias en un voto particular discrepante con el informe sobre fiscalización operativa de la televisión andaluza en 2018, elaborado por los auditores y aprobado por el Pleno de la Cámara de Cuentas el pasado 5 de noviembre. Los «incumplimientos» legales descritos durante el último año de gestión del Gobierno socialista son de tal «importancia» que los auditores han emitido una «opinión desfavorable» sobre la actividad contractual de productoras desarrollada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y su filial Canal Sur Radio y Televisión.

Los consejeros disidentes son el presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio Manuel López Hernández y Enríque J. Benítez Palma . Este último fue diputado socialista y exmiembro de la comisión de investigación del Parlamento que exculpó a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por las irregularidades en el caso ERE. En sus escritos argumentan que los contratos con las productoras audiovisuales « quedan excluidos de las reglas de contratación pública » por tratarse de obras originales. La compra de estos servicios relacionados con la propiedad intelectual se rigen por contratos privados. «Así lo reconocen las directivas sobre la contratación pública, la legislación de contratos y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», señalan.

En la misma línea se manifiesta Daniel Albarracín Sánchez , que es consejero a propuesta de Adelante Andalucía. Defiende que los encargos se regulan por el derecho privado y no cabe aplicarse la Ley de Contratos del Sector Públicos.

Los argumentos de estos tres consejeros chocan con la posición mantenida por los auditores, que han tenido que responder a un número insólito de alegaciones. La RTVA ha presentado 207 para matizar, corregir o rechazar las deficiencias detectadas durante el trabajo de campo que concluyó en la pasada primavera.

Los auditores sostienen que la RTVA se saltó su propia instrucción interna 1/2010 que le obligaba a comprobar la solvencia técnica y económica de los contratos con productoras, requisito que no queda acreditado en muchos casos . Dicha norma obliga a respetar los principios de publicidad, transparencia y concurrencia, que no se habrían cumplido, según los principios inspiradores y la función de servicio público de la cadena. Público es también el dinero que gasta. Los consejeros del PP, Cs y Vox apoyaron el informe de los auditores en el Pleno, que han examinado 275 expedientes de contratación, de los que 71 eran con productoras.

Sombras en la gestión socialista

El próximo 27 de febrero, Canal Sur cumplirá 32 años con achaques propios de un enfermo de edad más avanzada: tecnología obsoleta, plantilla envejecida, desplome de la financiación pública , hundimiento de los ingresos publicitarios... Este cuadro clínico se agrava con una política de contratación de productoras y de personal poco transparente durante 2018, según un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que analiza el último año de gestión del Gobierno socialista.

La auditoría pone al descubierto una estructura difícil de mantener económicamente. Sólo en personal gastó 86,5 millones en la RTVA y Canal Sur , el 62% de las tranferencias de la Junta (140,36 millones) durante dicho ejercicio. A la vista de esta situación, la Cámara de Cuentas defiende la necesidad de acometer una «remodelación» profunda que asegure la viabilidad de la televisión pública a largo plazo.

«La bajada de la financiación pública y de la cifra de negocios, el incremento de las pérdidas acumuladas y el descenso del patrimonio neto de la entidad en un 70% en los últimos diez años hace que resulte necesario asumir una remodelación, tanto de la estructura organizativa, como económico-financiera de la empresa, como del modelo de financiación (transferencias del presupuesto de la comunidad, préstamos o ingresos procedentes de sus actividades propias)», advierte.

De los polvos de «la política de austeridad en el gasto» durante los últimos años, vienen los lodos actuales, debido a la tasa de reposición cero en la contratación de personal indefinido durante la etapa del subdirector de la cadena Joaquín Durán . El 83% de los trabajadores tienen más de 46 años.

Avispero laboral

Sin embargo, es ahora cuando ha estallado la olla a presión laboral en la que se ha convertido Canal Sur. En ocho meses, los sindicatos han convocado dos huelgas al director general, Juan de Dios Mellado , las mismas que ha vivido el PSOE en diez años. El último detonante ha sido la rebaja de 14 millones de euros (un 10% del presupuesto) en la financiación pública de Canal Sur, una exigencia de Vox al Gobierno del PP y Ciudadanos a cambio de apoyar sus presupuestos para 2021. En menos de dos años se han sucedido tres directores de Informativos.

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