TRIBUNALES
El consejero andaluz de Economía declarará como investigado ante el TSJA el próximo 10 de mayo
La Fiscalía lo ha denunciado por supuesta prevaricación administrativa y falsedad en documento público
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha citado a declarar como investigado el día 10 de mayo al consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano , tras la denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía en relación con su participación como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla en la adjudicación del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Hispalense (Centrius).
Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz ha citado a declarar como investigado el próximo día 10 de mayo, a las 10.00 horas , al consejero de Economía y Conocimiento, que goza de aforamiento, todo ello después de que el Ministerio Público le denunciara por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público .
La citación se produce después de que, el pasado día 12 de abril, el Alto Tribunal andaluz dictara un auto en el que acordaba incoar diligencias previas contra el consejero tras la denuncia de la Fiscalía Superior, que abrió una investigación a raíz de la denuncia que interpuso el Colegio de Arquitectos de Sevilla.
El TSJA señaló en su auto que los informes de la Policía Judicial, así como la documentación recabada, «conducen a apreciar la posible existencia de irregularidades en los procesos de contratación por la Universidad de Sevilla del proyecto básico, el estudio preliminar de instalaciones, el proyecto de ejecución y la dirección de obra» del Centrius «que pudieran haber perseguido una elección no concurrencial de un determinado estudio de arquitectura en detrimento de otros».
«Decididas de antemano»
Todo lo anterior, «de comprobarse cierto, podría resultar imputable a Antonio Ramírez de Arellano, en su calidad de vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla como firmante de las resoluciones», asevera el TSJA, que añade que, finalmente, un estudio de arquitectura en concreto fue adjudicatario , «por vía directa o indirecta, del proyecto básico (por 69.484 euros), de un denominado estudio preliminar de instalaciones (por la misma cantidad), del proyecto de ejecución (por al menos 500.000 euros más IVA), y de la dirección de obra (por 108.170 euros)».
Ello hace un total de 747.138 euros , «sin que arquitectos ajenos a dicho estudio hubieran tenido posibilidad alguna de concurrir a dichas adjudicaciones, y sin que, por otra parte, pueda descartarse que tales adjudicaciones hubiesen sido decididas de antemano como un conjunto», dice el TSJA.
A continuación, y «a los solos efectos de argumentar la verosimilitud de los hechos narrados» en la denuncia de la Fiscalía, el TSJA afirma que «no puede descartarse que la adjudicación» al estudio de arquitectura en cuestión del proyecto básico o estudio preliminar de edificio «fuera el resultado de una designación discrecional revestida de un aparente 'procedimiento negociado sin publicidad', formalmente correcto en función de la cuantía del contrato, pero acaso inexistente».
«Falseada»
Y es que «el examen de las tres propuestas presentadas permite sospechar que las dos no elegidas lo fueron sólo para dotar de contenido al expediente, y que incluso una de ellas pudiera ser falseada, al haber manifestado una de las proponentes que no presentó ninguna oferta, y que la firma que aparece, aunque se parece a la suya, 'no es su firma' ».
Asimismo, el TSJA pone de manifiesto que «no puede descartarse» que el estudio que resultó adjudicatario «hubiese comenzado a confeccionar el proyecto básico antes de resultar adjudicatario», pues «consta que con fecha 31 de julio de 2008, es decir, dos días después de la adjudicación provisional , y 18 días antes de la adjudicación definitiva, dicho proyecto básico fue presentado para su visado» en el Colegio de Arquitectos de Sevilla.
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