La consejera de Hacienda, obligada a rectificar su plan contra la sentencia de las 35 horas

La Junta de Andalucía busca de forma desesperada una fórmula para garantizar que controla que sus empleados cumplen una jornada laboral de 37,5 horas semanales aunque trabajen 35. Ese es el galimatías en el que ha acabado la decisión unilateral del Gobierno de Susana Díaz de implantar una jornada laboral diferente a la del resto de funcionarios en España, una medida inviable según la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que ampara la competencia del Estado en esta materia.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía no pudo ratificar ayer el plan que el lunes acordó con los sindicatos la consejera de Hacienda, María Jesús Montero , para admitir como trabajo no presencial la media hora diaria que tienen que sumar los empleados de la Junta de Andalucía para que se acate la sentencia del Tribunal Constitucional y no haya que modificar todas las decisiones sobre personal que ha traído consigo la implantación unilateral de las 35 horas en Andalucía.

El portavoz del Gobierno, Juan Carlos Blanco , se limitó a explicar que antes de ratificar el plan se ha optado por remitirlo al TC mientras la Consejería de Hacienda establece un sistema de seguimiento que cuente con la debida «seguridad jurídica» a fin de poder demostrar que la Junta acata y cumple la sentencia.

Las explicación demuestra la improvisación con la que la Consejería de Hacienda ha respondido al revés judicial y las cautelas que ha generado en el seno del Gobierno andaluz lo que más parecía un «truco» con el que eludir la sentencia que una forma de acatarla. Fuentes del Gobierno andaluz no pudieron precisar la existencia de un informe jurídico «físico» remitido al Consejo, pero admiten que tras la decisión hay una advertencia de los servicios jurídicos capaz de cambiar en menos de 24 horas un compromiso político, y en una cuestión a la que la presidenta ha dado mucha trascendencia y que es parte de su estrategia contra el Gobierno de Mariano Rajoy .

Las consecuencias del desafío del Gobierno de Susana Díaz al mandato constitucional sobre la jornada laboral son imprevisibles. La jornada oficial de los empleados públicos andaluces es de 35 horas y por tanto no refleja la exigencia del Tribunal. Los sindicatos esperan que se cumpla la promesa efectuada por el Gobierno andaluz y no hay previsión de que el problema pueda solucionarse con un acuerdo estatal si en Madrid no se negocia el Presupuesto para 2018. La Junta está presa de su propia trampa y Montero tiene ahora que demostrar que los empleados públicos trabajarán 37,5 horas semanales aunque sólo hagan 35 . Pasar de un plan para eludir la sentencia a otro para cumplirla... y hacer creer lo contrario. Y el funcionario andaluz, víctima del juego político, se hace la misma pregunta: cuál es su verdadero horario y su jornada laboral.

El reto que tiene ahora la consejera de Hacienda y Administración Pública es crear un modelo fiable capaz de demostrar que todos los empleados públicos de la Junta cumplen fuera de su destino laboral media hora diaria de trabajo ya sea como formación, investigación o documentación. La cuestión es de difícil encaje teniendo en cuenta la diversidad de puestos de trabajo de la Junta y obligará con toda seguridad a generar un instrumento informático con registro personal, una medida que no se improvisa en una semana. Mientras, Andalucía seguirá al margen de la norma, sin cumplir el mandato del Tribunal Constitucional.