Formación
La consejera de Empleo prevé licitar cursos por 80 millones en 2020: «No hemos venido a engañar»
Rocío Blanco asegura que «no le ha prescrito» ningún expediente de subvención de formación
El Ministerio de Empleo ha asignado a la Junta de Andalucía 176 millones de euros para desarrollar las políticas de empleo gestionadas por las autonomías durante 2020 , principalmente cursos de formación para desempleados. La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo prevé gastar la mitad, 80 millones de euros el próximo año, mediante un nuevo plan de formación que cambiará el modelo de subvención por la licitación pública en régimen de concurrencia competitiva de los cursos, que estuvo seis años paralizada por las irregularidades detectadas en la justificación de las ayudas, objeto de diferentes instrucciones abiertas en los juzgados andaluces.
En la presentación del Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales a los medios de comunicación, la consejera del ramo, Rocío Blanco (Ciudadanos) , ha explicado que se ha fijado ese objetivo teniendo en cuenta que en 2018 se ejecutaron «cero euros» en el reciclaje laboral de desempleados y trabajadores. «Podríamos llegar a los 80 millones de euros en 2020 y tener el Formación Profesional para el Empleo completa en 2021. No hemos venido a engañar. Queremos tener la certeza de que lo podemos llevar a cabo», ha puntualizado.
La responsable autonómica ha comparecido este miércoles en una rueda de prensa para presentar el documento estratégico que tiene el objetivo de «normalizar la formación profesional que ha estado demonizada todos estos años ». Para ello, ha explicado que «vamos a pasar de las subvenciones a la licitación de los cursos de acuerdo con la Ley de Contratos del Estado para tener seguridad, calidad y rapidez» en la ejecución de los cursos. La consejera ha explicado que en el establecimiento del nuevo modelo se ha ido «de la mano» de los empresarios y los sindicatos y que los nuevos proveedores de la formación serán las academias y empresas del sector.
Según ha detallado el viceconsejero de Empleo, Miguel Ángel García Díaz , entre 2012 y 2018 la conferencia sectorial entre el Ministerio de Empleo y las comunidades que distribuye los fondos para políticas laborales asignó a Andalucía 2.330 millones de euros, de los que «se han perdido 1.319 millones de euros » porque no se gastó el dinero destinado a esta política por la paralización de los cursos de formación. De esta cuantía , 1.013,7 millones corresponden a la formación para el empleo, que no se han gastado en la comunidad que encabeza la tasa de paro en España. La gestión «no ha sido la más adecuada», ha asegurado.
El plan viene acompañado de un diagnóstico de la situación del mercado laboral en Andalucía porque «queremos poner los cimientos para construir después». La radiografía ofrece datos desalentadores. Hubiera o no crisis económica, Andalucía acumula una tasa estructural de desempleo que no baja del 20 por ciento de la población activa, siete puntos por encima de la media nacional desde 1995. La renta media por habitante está estancada en el 75% desde dicho año.
La tasa de temporalidad es del 35,1 por ciento, nueve puntos superior a la media nacional (26,7%) y sólo por delante de Extremadura. El abandono escolar en la población de 18 a 24 años también es superior a la media nacional: 21,9 por ciento frente al 17,9 de España.
A preguntas de los periodistas, Rocío Blanco apostó por aprobar una nueva Relación de Puestos de Trabajo para que los trabajadores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) «puedan tener competencias para realizar su función de servicio público». Es el caso de los más de 1.100 extrabajadores procedentes de la extinta fundación Faffe , liquidada en 2011, e incorporados al SAE. La idea es consolidar estos puestos de personas cuyo acceso a su empleo público «no se ha hecho en condiciones de igualdad, mérito y capacidad», fruto de una «caótica e irregular política de personal», ha indicado la consejera de Empleo.
Rocío Blanco también ha detallado que se encontró hasta 2.000 expedientes sin resolver, la mayoría relacionados con ayudas para la formación , cuando se hizo cargo de la Consejería en enero de 2019. Ha asegurado que durante los once meses que lleva en el cargo «no ha prescrito ninguno» y «hacemos un arqueo diario» para tramitarlos atendiendo prioritariamente a los más antiguos.
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