¿Cómo se financian las comunidades autónomas?

El actual modelo de fianciación autonómica establece un complejísimo sistema de transferencias por impuestos especiales (bebidas, tabacos, hidrocarburos...), declaración de IRPF, cuotas de los impuestos de sucesiones, además de otras variables que fueron aprobadas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero pero que tenía el año 2013 como fecha de caducidad.

Las complejas circunstancias políticas de esta legislatura han aparcado este debate y son ahora, precisamente, las comunidades gobernadas por el PSOE las que levantan la voz ante un sistema que consideran «injusto», en palabras de Susana Díaz .

Uno de los parámetros que el Gobierno central sigue a la hora de repartir el dinero entre los distintos territorios para financiar los servicios públicos es lo que se denomina financiación media por habitante ajustado. Es decir, que no se hace un reparto equitativo entre el número de habitante s, sino que el peso de la población se ajusta en función del número de niños, las personas de más de 65 años, la dispersión geográfica y la insularidad, ya que se considera que estos parámetros son clave para calcular el coste de los servicios públicos.

Según la liquidación de 2013, la última oficial, las Islas Baleares y Canarias son las comunidades que reciben menos fondos, seguidos de Valencia, Murcia y Andalucía que ocupa el quinto lugar por la cola y recibe 1.889,90 euros por habitante. En el otro extremo de la tabla está Cantabria, que recibe 2.565 euros; La Rioja, Madrid (2.015 euros); Castilla y León, 2.118 euros, o Cataluña que recibe 1.942 euros.

Con estos datos en la mano, la presidenta de la Junta y el de Valencia pidieron el sábado una condonación de parte de los préstamos que ha concedido el Gobierno, los correspondientes el Fondo de Liquidez Autonómica , una medida que la vicepresidenta de Castilla y León, Rosa Valdeón , calificaba ayer de «perversa». Desde el PP andaluz se recordaba que Andalucía ha recibido más de 20.000 millones de euros en la última Legislatura para sufragar el coste de los servicios públicos.