Una federación de CCOO se llevó en comisiones parte de la ayuda de la Junta para un ERE

En un auto dictado el pasado martes, el magistrado acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra los cinco investigados por supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

En su resolución detalla que el sindicato habría sacado tajada de las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía a la coperativa sevillana ya liquidada. El dueño de las consultoras Uniter e Ingotor, José González Mata , investigado en esta pieza, cobró a cargo del erario público una comisión total de 152.792 euros por la gestión de las pólizas de prejubilación a socios de la cooperativa partir de los 49 años.

La 'mordida' excede en 124.728 euros las tarifas habituales en el mercado . Parte de las sobrecomisiones se desvió después desde Uniter a la Federación Minero Metalúrgica de CCOO, «fruto de la colaboración» entre González Mata y el exsecretario general de esta organización sindical, Manuel Roberto Carmona Soto , en «la formalización de pólizas para financiar irregularmente ERE de distintas empresas con fondos públicos», según expone el instructor del caso. El juez señala como responsables civiles subsidiarias a Springer Arteferro, la federación de Industria de CCOO, la Confederación Sindical de CCOO y la Confederación del sindicato en Andalucía.

Según testificaron dos miembros de la cooperativa, todos los socios eran obligados a afiliarse a este sindicato , «a pesar de la poca utilidad que habría de tener dicha afiliación al no poder los socios cooperativistas formar secciones sindicales en representación de los trabajadores». La propia cooperativa pagaba las cuotas de afiliación, debido a la «relación personal» que mantenía el presidente del consejo rector Manuel N.C. , también procesado, con la citada organización sindical.

El juez explica que los dos representantes de la empresa investigados, « gracias a la colaboración, asesoramiento e intermediación » del dirigente sindical, «se habrían concertado para conseguir la obtención ilícita» de las ayudas con el entonces director general de Trabajo.

Con Francisco Javier Guerrero , ya fallecido, «ultiman las condiciones de salida de los socios/trabajadores –ellos mismos incluidos–, los instrumentos de simulación de las ayudas obtenidas en favor de la empresa, la incondicionada y progresiva aportación de fondos públicos y la presentación de unos ERE, así como la formalización» de los seguros. En las supuestas irregularidades tomaron parte la mediadora Uniter y el sindicato CCOO , que propiciaron la inclusión «fraudulenta» de un «intruso», fallecido en 2009, como beneficiario de la póliza subvencionada.