La comisión de investigación de los cursos de formación busca a responsables políticos

Lo dejó caer Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta y uno de los principales acusados de los ERE, con su habitual estilo desahogado, «lo mío no es nada comparado con la formación». Y se encendieron todas las alarmas que ahora están más ululantes que nunca porque son más de tres mil millones de euros los que están bajo sospecha. Y todo se va a analizar con lupa en la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre los cursos de formación que ahora, tras cuatro meses desde que se constituyó oficialmente, va a empezar a trabajar en serio. A mediados de febrero, los ocho interventores de la Junta y el interventor general tendrán que explicar ante los comisionados las tripas de un modelo que podría haberse montado para facilitar el fraude. El paralelismo con los ERE es inevitable por más que el PSOE trate de obviarlo.

Un informe de la Cámara de Cuentas del año 2012 alertaba de irregularidades en la entrega de subvenciones para impartir los cursos de formación. En pleno caso de los ERE, a la Junta se le abría otra vía de agua. Aunque las circunstancias eran diferentes porque la corrupción ya se había empezado a cobrar sus piezas: Manuel Chaves estaba en Madrid y Griñán, tocado por el escándalo al ser el consejero de Economía, trataba de llevar adelante una Presidencia que duró poco. Pero Susana Díaz hacía esfuerzos por aparecer limpia de polvo y paja, «voy a ser implacable con la corrupción» ha sido una de sus frases más repetidas.

En ese contexto, la propia Junta inicia una investigación interna y los interventores incluyen en su Plan de Auditoría para 2013 un análisis de estas subvenciones otorgadas a empresas privadas y entidades sociales (UGT, CC.OO.y la CEA). El resultado es demoledor. Los interventores de las ocho provinci as ponen de manifiesto (estamos ya en mayo-junio de 2014) una grave falta de control en la entrega de subvenciones para organizar cursos para los parados, total ausencia de justificación de las mismas y reiteradas concesiones siempre a las mismas personas.

En este mismo mes de mayo de 2014, la juez Mercedes Alaya abre un procedimiento judicial que supone el primer gran golpe para el Gobierno de Susana Díaz. Se conoce entonces que la Udef (Unidad de Delitos económicos y financieros de la Policía Nacional) había abierto una investigación sobre un presunto fraude y una trama para cobrar las subvenciones en los cursos de formación sin impartirlos.

La investigación judicial ha seguido su curso con impactos mediáticos de grandes operaciones de detenidos — varios delegados del Gobierno de Susana Díaz en las provincias— pero los entresijos políticos han permanecido al margen hasta ahora.

La comisión de investigación de los cursos de formación se puso en marcha el 1 de octubre de 2015 y fue fruto de la pelea política del PP y de Ciudadanos, quienes apoyados por Podemos e Izquierda Unida, han logrado sacar adelante un foro que ahora, cuatro meses después, puede empezar a funcionar efectivamente.

Los primeros en declarar serán los interventores de las ocho delegaciones de la Junta de Andalucía en las provincias, además del interventor general. Lo que ahora se empieza a dirimir en el Parlamento son las responsabilidades políticas.