EL ESCÁNDALO DE LOS CURSOS
La comisión de la formación guarda una semana más sus conclusiones
Estaba previsto que este martes se conociera el dictamen elaborado por Ciudadanos sobre las responsabilidades políticas de los dirigentes de la Junta en el escándalo
El resultado de la investigación que el Parlamento andaluz ha llevado a cabo sobre el escándalo de los cursos de formación no se conocerá hasta dentro de una semana según ha acordado la mayoría de los grupos políticos menos el PP que ha votado en contra de este retraso.
Lo que está en juego es conocer a quién, o quiénes, la Cámara andaluza considera responsables políticos del escándalo del caso de los cursos de formación , donde se dieron subvenciones sin control, se pagaron cursos para parados que nunca se impartieron y se desviaron fondos que iban destinados a la formación de desempleados y cualificación de personas ocupadas a pagar compras de ingentes candidades de comida para restaurantes privados o sedes de empresas. Todos los grupos políticos, menos el PSOE, coincidieron en señalar como responsables últimos a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán , mientras que el PP y Podemos señalan también a la actual presidenta Susana Díaz.
Según el calendario aprobado, este martes se tenía que conocer la propuesta de dictamen síntesis que el presidente de esta comisión, el diputado de Ciudadanos Julio Díaz había elaborado a partir de las conclusiones de los diferentes grupos políticos. Pero ha habido cambios de última hora.
Según ha podido saber ABC, el presidente del Parlamento, el socialista Juan Pablo Durán , le envió ayer una carta al de la comisión, el diputado de Ciudadanos Julio Díaz y le advirtió que el calendario previsto no era compatible con el del Parlamento andaluz y sus sesiones de pleno, por lo que sería necesaria una adaptación.
El diputado popular Miguel Ángel Torrico ha acusado a Ciudadanos de «actuar como muleta del PSOE» ya que, a su juicio, dicho retraso «injustificado» en los plazos pretende «acompasar el calendario de la comisión de investigación a las ambiciones personales y políticas de Susana Díaz en su carrera hacia Ferraz».
El parlamentario ha señalado que son dos las «excusas baratas» que el presidente de la comisión ha ofrecido para retrasar la presentación de su dictamen final.
De la misma manera, Torrico, acompañado del parlamentario y también miembro de la comisión, Jaime Raynaud, ha afeado al presidente de este órgano que «más de tres meses y medio» desde que los grupos presentaros sus conclusiones, no haya elaborado y presentado un dictamen síntesis. «Parece que no ha tenido tiempo suficiente», ha zanjado.
Nuevo plazo
Además, Julio Díaz ha abierto un nuevo plazo para que los grupos políticos que plantearon llevar a cabo acciones legales contra varios presuntos falsos testimonios de testigos puedan ratificarse en los mismos.
El PSOE denunció como falso testimonio el presentado por el testigo protegido de la juez Alaya, Teodoro Montes , además del empresario José María Pérez González , quien aseguró que las empresas «se quedaban con el 20% que eran los beneficios previstos» en las subvenciones de la formación. Sin embargo, la ley establece que las empresas que llevan a cabo esta actividad no pueden obtener beneficios.
Sin embargo, no incluyó estos detalles en su dictamen final. Ahora se abre un nuevo plazo para que pueda hacerlo. Tiene, de hecho, hasta el próximo viernes para hacerlo.
El PP, por su parte, consideró que el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda y su cuñada, la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía María Teresa Florido levantaron falsos testimonios durante sus respectivas declaraciones en la comisión. Los diputados populares sí que recogieron estas peticiones en su propuesta final de dictamen.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez , ha afirmado este martes que los tribunales están demostrando que la causa de los cursos de formación ha sido «una gran farsa y un montaje» del PP, que debería «pedir perdón» por intentar «coger atajos» y utilizar «resortes del Gobierno de la Nación para hacer daño al adversario político».
