EDUCACIÓN
Los colegios diferenciados por sexos reclaman a la Junta libertad para educar
El director del Altair de Sevilla pide un pacto nacional en el que se respeten todos los modelos de enseñanza
Los colegios diferenciados por sex os se encontraban ayer de enhorabuena tras conocer que el Tribunal Constitucional, a través de diferentes sentencias , impide a la Junta suprimir los conciertos educativos, lo que garantiza la viabilidad económica de estos centros.
Son, en Andalucía, una docena de colegios que en 2012 alzaron la voz y recurrieron a los tribunales al conocer los planes de la Consejería de Educación para eliminar las partidas que anualmente les venía concediendo en base a los mencionados conciertos.
Uno de los centros que destacó por su beligerancia contra la medida de la Junta fue el colegio Altair de Sevilla, no solo a través de los medios de comunicación tradicionales, sino especialmente en las redes sociales, incluido un vídeo que aún puede verse en YouTube protagonizado por sus alumnos.
Alumnos que distan mucho de ofrecer una imagen de estudiantes elitistas de familias acomodadas. Con casi cincuenta años de trayectoria, el Altair se encuentra enclavado en el distrito Cerro-Amate de la capital hispalense. Gran parte de sus alrededor de 1.200 alumnos, todos varones, proceden de barrios donde la crisis económica ha golpeado con fuerza: Palmete, Los Pajaritos, Su Eminencia, Rochelambert o Juan XXIII. Con un vecindario que en las elecciones vota mayoritariamente a formaciones de izquierda. Y que sin embargo no tiene reparo alguno en matricular a sus hijos en el Altair mientras haya libertad para educar.
El director de este colegio, Javier Delgado, invitó ayer de nuevo a la presidenta de la Junta a visitar las instalaciones y a «conocer la realidad del centro». Ayer estaba exultante al valorar los fallos del Tribunal Constitucional. «Es evidente la alegría que ahora mismo tienen las familias y los alumnos por esa tranquilidad de poder escolarizar en Altair. Y sobre todo después de que se haya constatado por el Tribunal Constitucional el derecho que tienen los padres».
Según Delgado, la conclusión que debe extraerse es que «las leyes se tienen que aplicar y se tienen que respetar por la Administración pública aunque a veces les guste más o menos, que es como debe de funcionar un Estado de Derecho».
En este sentido señaló que la normativa vigente, la Lomce, en lo que se refiere a los colegios diferenciados por sexos respalda el sistema que mantiene Altair. Una situación que, por avatares políticos, podría cambiar en el futuro.
Delgado ve necesario que se suscriba un pacto nacional por la Educación, a partir del cual se respeten todos los modelos de enseñanza. De la misma opinión es la portavoz del colectivo «Mis Padres deciden», Gemma García, que considera las sentencias un respaldo a los padres para reivindicar un pacto educativo a nivel estatal, diferenciado de ideologías políticas.
Difícil parece a la vista de la reacción de la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, que será «siempre obediente» a los dictámenes judiciales, pero sigue estando en desacuerdo con este patrón y aboga por derogar la Lomce. No se opone a la existencia de un modelo de educación diferenciada, «pero no financiado con fondos públicos».
Esta última opinión también la comparte el sindicato CC.OO., que a través de un comunicado señaló que los colegios diferenciados por sexos «deben formar parte del pasado» y que la Lomce se tendría que derogar.
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