CASO ERE ANDALUCIA
Choque entre la Fiscalía y el PP por la existencia de una trama criminal en los ERE
«Manos Limpias se ha convertido en defensa de los acusados», asegura el PP, que apoya su expulsión del juicio
La Fiscalía Anticorrupción cuestiona que los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados en la pieza política del caso ERE se confabularan para defraudar fondos públicos a través de las ayudas concedidas a empresas como plantea el PP, que ejerce la acusación popular en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla.
El fiscal Manuel Fernández Guerra ha coincidido con las defensas en que no concurren indicios de un supuesto delito de asociación ilícita, como reclamó el PP en su escrito de acusación. Ha señalado que del auto de procedimiento abreviado dictado por el juez instructor Álvaro Martín, que dio por concluida la investigación de esta pieza separada de la macrocausa, «no se desprende con claridad los hechos de delitos de asociación ilícita» . Las defensas creen que debe ser excluido este delito del juicio contra los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos más.
El PP choca en este punto con la Fiscalía. Luis García Navarro , letrado de esta acusación popular, ha esgrimido en el juicio que del citado auto de Álvaro Martín sí se desprenden «hechos suficientes para fundamentar esta acusación» . A su juicio, los 22 acusados constituyeron un sistema u organización mantenida en el tiempo «para delinquir» y que supuso «la apropiación de fondos públicos para contribuir a una red clientelar».
En la vista oral también se ha puesto de manifiesto la colisión frotal entre las acusaciones populares representadas por el PP andaluz y por el sindicato Manos Limpias. Hasta el punto de que el PP ha pedido al tribunal, al igual que algunas defensas, la expulsión de este sindicato porque «no puede convertirse en defensa de los acusados» subvirtiendo el rol que tenía inicialmente asignado en el juicio.
Por último, tanto la Fiscalía como el PP defienden que no se ha vulnerado el principio del juez natural predeterminado por la ley, como denunció el letrado que representa al exdirector general de Presupuestos de la Junta Antonio Vicente Lozano. Anticorrupción asegura que el juez de apoyo Álvaro Martín se hizo cargo de la instrucción de la pieza política del caso ERE mediante un acuerdo aprobado por la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que fue ratificado por el Consejo General del Poder Judicial.
