Administración
Chequeo total al Servicio Andaluz de Empleo, que sólo gestiona el 2% de las ofertas laborales
La Junta replantea el modelo del SAE para dar utilidad a una agencia pública que cuesta 667 millones al año y tiene a 3.467 empleados
El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la agencia de la Junta dedicada a formar y buscar una salida laboral a los parados andaluces, maneja un presupuesto anual de 667,11 millones de euros . El 22% se destina a mantener una plantilla de 3.467 trabajadores. A pesar de su tamaño y de la tupida red de oficinas que tiene repartidas por toda la geografía andaluza, esta agencia pública sólo gestiona el 2% de las ofertas laborales que se publican en la comunidad, según los datos facilitados por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a la que está adscrita.
En la Consejería que dirige Rocío Blanco son conscientes de que el SAEno está siendo un instrumento útil y planea un cambio radical de modelo que modernize los servicios y mejore los procedimientos para ayudar a los 763.355 demandantes de empleo a abandonar las listas del paro y a las empresas a encontrar los perfiles que solicitan a través del servicio público.
El objetivo es acabar con la percepción extendida de la sociedad de que las oficinas de empleo funcionan más como meras administradoras del paro que cómo una herramienta activa y eficaz en los procesos de intermediación y búsqueda de trabajo.
El Servicio Andaluz de Empleo será sometido a un chequeo total para convertirlo «en el más avanzado de España», aseguran desde la Consejería. Esta reforma será «la piedra angular» del Plan Director que está diseñando .
Dos tercios de los empleados del SAE, unos 2.300, no pueden ejercer potestades administrativas
Durante su intervención en un desayuno informativo en los Encuentros ABC celebrado el pasado 20 de septiembre en Málaga, la consejera avanzó que su intención es hacer del SAE «un servicio público de empleo moderno y de calidad» y darle la vuelta a los bajos índices de cumplimiento de Andalucía en los objetivos anuales que marca el Ministerio de Trabajo en el desarrollo de las políticas activas de empleo. El «parón casi absoluto de la formación» en Andalucía, donde no se han impartido cursos durante cinco años por el supuesto fraude de las ayudas, ha sido un lastre para una de las comunidades con más desempleo de todo el país.
Sólo el 0,4 por ciento de los inscritos en las oficinas de desempleo participaron en acciones formativas durante 2018, cuando la media nacional llega al 3,3%. Un año después de finalizar el curso, sólo resultó eficaz al 49,21 por ciento de los asistentes a la hora de encontrar trabajo, diez puntos menos que la tasa nacional.El servicio de orientación laboral tampoco sale bien parado: apenas el 26,7% de los parados andaluces inscritos en el SAE recibieron una información y diagnóstico personalizado, frente a los dos tercios de la media nacional.
El Plan Director que prepara incluirá una renovación a fondo de los perfiles de los demandantes de empleo
El Plan Director pretende «articular políticas de empleo útiles» y que no se repitan situaciones como las de los últimos seis años, cuando se desaprovecharon 1.300 millones asignados a Andalucía para políticas activas de empleo.
El nuevo SAE va a revisar a fondo el sistema de «perfilado de la oferta y la demanda». Se trata de contar con un historial de cada desempleado más detallado y fomentar que las empresas aprovechen sus canales y bases de datos para localizar a los candidatos más idóneos, concertar entrevistas de trabajo y casar, en el menor tiempo posible, la oferta y la demanda. Para ello se va a adecuar el actual sistema informático que está «obsoleto» y no cubre las necesidades.
Una «herencia» complicada
Uno de los escollos que deberá resolver el Plan Director es qué va a hacer con el alto número de empleados del SAE que carecen de competencias administrativas, procedentes de la antigua Fundación Faffe y de las denominadas Utedlt (Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local).
Empleo tuvo que readmitir por una cascada de sentencias a casi 800 agentes locales de promoción de empleo (Alpe) despedidos en septiembre de 2012. Ha heredado de la etapa socialista una situación en la que dos tercios de sus 3.467 empleados (unos 2.300) no pueden intervenir en la tramitación y concesión de subvenciones , ejercicio y funciones de intervención y pago, trabajos reservados a los funcionarios.
La Consejería está actualizando la Relación de Puestos de Trabajo del SAE. Defiende que estos empleados son necesarios para no paralizar sus políticas, porque llevan mucho tiempo trabajando, tienen experiencia y algunos de ellos, derechos reconocidos judicialmente. En la entidad conviven trabajadores regulados por hasta 14 convenios colectivos distintos, con sueldos dispares pese a realizar tareas parecidas. No va a ser una tarea fácil.
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