Chaves y Griñán echan la culpa al interventor de la Junta en el juicio del caso ERE

El juicio de la pieza política del caso ERE ha comenzado este jueves su segunda sesión con una petición fuera de lo común de una de las defensas de los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados de implantar y mantener durante más de diez años un fondo opaco para repartir ayudas de forma arbitraria entre empresas en crisis.

La letrada Encarnación Molino , que representa al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo , pidió que se diera lectura al escrito presentado por los letrados de la Junta de Andalucía, que había solicitado el archivo de la pieza que ahora se está juzgando y la absolución de todos los imputados. Argumentó que las otras acusaciones presentes en el proceso, la Fiscalía Anticorrupción y el PP, sí habían leído sus escritos. Manos Limpias renunció a hacerlo porque se había adherido al escrito del Ministerio Público.

El juez que preside la sala, Juan Antonio Calle Peña , ha rechazado esta petición. «Dado que se ha apartado (al pedir su archivo), ya no es parte y no procede dar lectura de escrito», ha contestado. La abogada de Vallejo hizo constar su protesta por esta negativa, a la que se ha adherido José Manuel García-Quílez , defensa del exviceconsejero de Economía José Salgueiro.

A continuación, el letrado de la Administración de Justicia procedió a dar lectura parcial a los escritos de las defensas empezando por la representación legal del expresidente Manuel Chaves . Tanto éste como su sucesor al frente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán , han planteado que no conocían nada de las ayudas irregulares y han endosado la responsabilidad al ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, también acusado y presente en la sala. Chaves alegó que «no conocía ni pudo conocer» las irregularidades porque «nadie le advirtió de ello ni el interventor hizo informe de actuación» .

La sala luego escuchó la estrategia defensiva de Antonio Lozano, ex director general de Presupuestos , y del expresidente José Antonio Griñán. En el escrito presentado por su abogado, José María Mohedano, se esgrimió la ignorancia o desconocimiento como argumento exculpatorio. Cuando asumió el cargo de consejero de Hacienda, «ya estaba instaurado el sistema de financiación» de los ERE y «no sabía» que se estaban dando ayudas «con destino al lucro ilícito de terceros» por lo que no entiende que se le impute un delito de malversación de fondos públicos.

«Nunca intervino en la concesión de ayudas y no aprobó nunca como consejero modificación presupuestaria alguna» porque ésta es una competencia del Consejo de Gobierno , expuso. Recuerda que el interventor indicó en su informe que el procedimiento de financiación de las ayudas era «inadecuado» pero no ilegal, al traspasarse los fondos a una agencia IDEA , que pagaba las subvenciones aprobadas por otro departamento, la Consejería de Empleo.