BALANCE

El año que el caso ERE tocó techo

Los vaivenes judiciales, las presiones políticas, la imputación de Griñán y Chaves y el adiós forzado de Alaya marcan la instrucción del escándalo que hizo tambalearse a la Junta

Alaya, al recibir el premio a la Mejor Jurista del Año JOSE RAMON LADRA

ANTONIO R. VEGA

Desde que Mercedes Alaya se marchó a la Audiencia de Sevilla y dejó paso a María Núñez Bolaños , el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, donde se cocinaron los sumarios de más enjundia mediática y política de Andalucía, funciona como una sala de despiece . Las dos macrocausas que hicieron tambalearse a la Junta de Andalucía, la trama de los ERE falsos y el fraude de los cursos de formación subvencionados, han sido divididas en piezas, sometidas —valga la reiteración— a un ERE judicial con el objetivo de imprimir celeridad a la investigación y desterrar la exasperante lentitud que lastra a los tribunales.

En este empeño de finiquitar grandes causas de corrupción que tienen el clientelismo político como rasgo común, Núñez no ha estado sola. La Fiscalía Anticorrupción, que depende jerárquicamente del Ministerio de Justicia, llevaba meses reclamando a Alaya su división sin que ésta le hiciera caso. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no dudaron en apartar a Alaya, que aspiraba a concluir la instrucción mediante una comisión de servicios, cuando se enteraron de que entre sus planes al retomar las riendas del caso ERE estaba devolverlo al punto de partida, como una causa indivisible . El Gobierno andaluz es el principal interesado en acabar con una instrucción que ha puesto en peligro sus 35 años de hegemonía institucional a golpe de auto judicial y de titular periodístico.

El Gobierno andaluz era el principal interesado en acabar con una instrucción que puso en peligro sus 35 años de hegemonía política

Por si no bastara con esta legión de aliados, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy le da a Núñez el espaldarazo definitivo para agilizar de la justicia penal al establecer que «cada delito dará lugar a la formación de una única causa». «Se pretende evitar el automatismo en la acumulación de causas y la creación de las denominadas ‘macrocausas’», subrayó la juez en el auto por el que ordenaba desgajar nueve diligencias del racimo del caso de formación.

Tras cinco años de instrucción, se ha visto confirmada la tesis de Alaya de que la cúpula del Gobierno andaluz instauró y mantuvo durante una década un procedimiento a sabiendas de que era ilegal. Cruzado el Rubicón, el caso ERE ha vivido algo parecido a un tsunami durante 2015. Éstos son los diez hitos que han marcado el escándalo los últimos doce meses:

1. Presiones a Alaya

2015 empezó como terminó el anterior: con arsenal de ataques de la Junta de Andalucía hacia Mercedes Alaya y su modo de instruir. La magistrada acordó investigar a empresas públicas como Extenda, Egmasa o la RTVA para poder determinar si ha podido existir «paralelismo con lo acontecido en la Agencia IDEA », encargada de pagar las ayudas públicas para empresas en crisis. Los letrados del Ejecutivo que preside Susana Díaz recurrieron esta decisión acusando a Alaya de abrir una «causa general» para examinar toda su gestión mediante una «investigación prospectiva» que prohíbe la ley. La Fiscalía también discrepó de Alaya porque, dijo, invade la investigación del juzgado que analiza el caso Invercaria. El consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera , que ahora no habla de instrucciones judiciales, ponía la nota irónica al asunto al cuestionarse «de dónde saca tiempo» para leer todos los informes que pide.

2. Ofensiva legal de Griñán y Chaves en el Supremo

Mientras la presidenta socialista de la Junta abona el terreno para el adelanto de las elecciones autonómicas, que finalmente se celebran el 22 de marzo, los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán inician una ofensiva ante el juez instructor del caso en el Tribunal Supremo para desmontar las acusaciones de Alaya. La juez remitió en enero el sumario completo al instructor Alberto Jorge Barreiro , dado que ambos están aforados por el Congreso y el Senado, respectivamente. Entre tanto, Susana Díaz se asegura una campaña electoral sin sobresaltos judiciales y blinda a los exconsejeros señalados en los autos. Vallejo, Ávila y Martínez Aguayo se incorporan a la Diputación Permanente del Parlamento para no perder su condición de aforados.

3. Chaves y Griñán, citados como imputados

El instructor del Supremo cita a declarar en calidad de imputados a los expresidentes de la Junta para el mes de abril por su papel en el diseño del procedimiento administrativo que permitió la utilización fraudulenta del fondo destinado a ayudar a las empresas en crisis. También son llamados a declarar tres exconsejeros andaluces, Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera . La imputación impacta como un obús en la campaña. En su afán de alejarse de los escándalos que empozoñan la gestión socialista, la presidenta andaluza prometió que los aforados tendrían que dejar el escaño si eran imputados, elevando el listón de exigencia del código ético del PSOE, que fija la renuncia en el momento de apertura de juicio oral. A la hora de la verdad, tanto ella como el secretario general, Pedro Sánchez , rectifican su postura inicial y permiten que sigan en sus escaños hasta que se concreten los delitos. En paralelo, el TSJA abre diligencias contra los cuatro parlamentarios andaluces aforados, los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio y Francisco Vallejo.

4. El «gran fraude»

Alaya consigue su ascenso, una plaza en la Audiencia de Sevilla . Su aterrizaje en este órgano no genera simpatías entre sus compañeros, porque va a compartir despacho con los magistrados que resuelven los recursos del caso ERE que ella investiga desde 2011. Sin embargo, la decisión está tomada y es irrevocable. Un mes después, en abril, empiezan a desfilar por el Supremo los aforados. El antecesor y valedor de Susana Díaz niega ante el juez que en su etapa de consejero de Hacienda recibiera informes alertando del fraude en el sistema empleado para pagar los ERE. Como hizo Chaves, Griñán defendió la legalidad del procedimiento . Lo que no estaba en el guión y generó un terremoto en el PSOE fue la confesión que hizo a su salida del juzgado ante un corrillo de periodistas: « No creo que hubiera un gran plan, pero sí un gran fraude y eso significa que algunos controles pudieron fallar». La teoría de los «cuatro golfos», sostenida por el PSOE contra la evidencia de los hechos, se vino abajo por completo. No se la creía ya ni el expresidente federal del PSOE.

5. Oleada de dimisiones

Griñán anuncia su marcha en abril para facilitar la investidura de Susana Díaz tras ganar las elecciones. Con su dimisión por entregas, mete presión a Chaves, Zarrías y Viera. Éste último decide dejar el partido donde ha militado durante 35 años y pasar al grupo mixto del Congreso antes que perder el privilegio del aforamiento y tenérselas que ver con la juez Alaya o con su sustituta en el juzgado, María Núñez. Pero en realidad Griñán no hace efectiva su renuncia al acta de senador autonómico hasta el 15 de junio, cuatro días después de que Díaz fuera elegida presidenta con los votos de Ciudadanos, que había pedido la dimisión de los expresidentes por activa y por pasiva. El caso ERE apuntilla las carreras políticas de Chaves, Griñán y Zarrías.

6. Relevo en el juzgado

María Núñez Bolaños se hace con la codiciada vacante que deja Alaya con su marcha voluntaria . Es la aspirante que acumula más antigüedad. Esta juez de Familia, que entra en la pugna por la plaza en el último minuto, está casada con el médico forense Julio Guija, amigo del consejero de Justicia, Emilio de Llera . Con el destino de su sucesora aún por escribir, el 16 de junio toma posesión del juzgado decidida a enmendar el rumbo de las macrocausas . Cuando sólo llevaba diez días en el puesto, da los primeros pasos para trocear la causa como le habían pedido los fiscales Anticorrupción, como desea también la Junta, y en contra de lo defendido durante cuatro años por Mercedes Alaya.

7. El Supremo cree que Chaves y Griñán prevaricaron

Se desmorona la tesis oficial de la Junta de Andalucía de que la partida 31L era un fondo legal porque figuraba en los anexos de las Leyes de Presupuestos que aprobaba el Parlamento andaluz año tras año. La teoría de la pirámide de responsabilidades esbozada por Alaya en sus primeros autos es confirmada en gran parte. En su exposición razonada y en el auto de Griñán, el instructor Alberto Jorge Barreiro sostiene que José Antonio Griñán, Manuel Chaves y Gaspar Zarrías pudieron prevaricar al crear un procedimiento ilegal , pero no avala la supuesta malversación de fondos públicos, salvo en el caso del exconsejero de Empleo José Antonio Viera. Si son enjuiciados y condenados por prevaricación, los tres primeros no irían a la cárcel. Sólo serían inhabilitados para ejercer cargo público .

8. Guerra en el juzgado

La batalla por el control de las macrocausas se intensifica en el juzgado con un cruce de escritos de las juezas ante el TSJA y el CGPJ. La hostilidad toca techo cuando Alaya cuestiona la capacidad e imparcialidad de Núñez por escrito y muestra su inquietud por el hecho de que «la señora Núñez Bolaños mantiene una estrecha amistad con el consejero de Justicia , don Emilio de Llera, notorio detractor del trabajo de esta instructora». Tras haberse quedado con el fraude de los cursos y el de los avales y préstamos concedidos por la Agencia IDEA a empresas, la titular del juzgado pide que su antecesora sea apartada también del caso ERE . La estampa mediática de Alaya empezaba a palidecer en un largo compás de espera.

9. Alaya, apartada

Núñez gana el pulso en un proceso plagado de interferencias . El TSJA acuerda por unanimidad apartar a Alaya del caso ERE culpándola de la «falta de colaboración» con su sucesora por cuestionar «su idoneidad y su independencia». Tres semanas antes, el presidente de este tribunal, Lorenzo del Río , había frenado un acuerdo de la sala de gobierno favorable a la continuidad de la juez. Alaya, que solo hablaba a través de sus autos, se decide a romper su silencio para denunciar que la Junta, lejos de colaborar, le puso «todas las trabas del mundo» . Lo dijo cuando recogió el premio Jurista del Año 2015 de manos de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Complutense.

10. Núñez cede el testigo

Contra todo pronóstico, la magistrada que echó un pulso a Mercedes Alaya para quedarse con la instrucción de la macrocausa de los ERE, da un paso atrás y delega la investigación en su juez de apoyo , Álvaro Martín. En seis meses, el caso ha conocido tres instructores distintos. Núñez plantea que las seis primeras diligencias en que ha dividido el caso sean asumidas por Martín, incluida la que afecta al denominado procedimiento específico, por el que e stán imputados Chaves y Griñán y 50 ex altos cargos autonómicos más.

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