Papeles sin rastro en San Telmo

Una de las principales promesas del Gobierno de Juanma Moreno nada más aterrizar en la Junta ha sido la transparencia y el compromiso de abrir puertas y ventanas para dar a conocer todo lo que había permanecido oculto durante 37 años de gobiernos socialistas inninterrumpidos. Un año después de su llegada a San Telmo en la sede de la Presidencia siguen buscando papeles , documentos clave, sobre todo en el caso ERE que, como el ahora rescatado, que será remitido a la Fiscalía, deberían constar en las actas del Consejo de Gobierno. O al menos eso es lo que se traslada desde el actual Ejecutivo.

El nuevo Gobierno andaluz ha hallado la prueba de la subvención concedida por el Gobierno de Manuel Chaves que permitió la entrega de fondos de manera discrecional a la empresa Campocarne Andalucía, S.A., una firma que compró la fábrica Cárnicas Molina de Jaén con el compromiso de mantener a sus trabajadores. Ese documento hallado en los archivos del IFAtenía que pasar por el Consejo de Gobierno pero el acta no aparece en los archivos oficiales de San Telmo.

No es el único documento comprometido que parece haberse esfumado ya que tampoco hay rastro de otro expediente clave en el caso de los ERE. El 17 de noviembre de 2016, bajo la Presidencia de Susana Díaz, el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía firmó un informe sobre su valoración de la llamada pieza política, por la que acaban de ser condenados 19 exaltos cargos de la Junta, entre los que se encuentran los expresidentes Chaves y Griñán.

Siguiendo ese informe, que no encontraba «ilícito penal» en el asunto, el Gobierno de Susana Díaz tomó la decisión de salirse como acusación del caso ERE . De esta forma no se acusó a los expresidentes, exconsejeros y exdirectores generales por lo que la juez Núñez levantó la fianza civil que les había impuesto.

¿Dónde está el expediente? ¿Dónde se encuentra el documento que muestra que el Consejo de Gobierno tomó esa decisión? El reglamento de funcionamiento del Gabinete Jurídico de la Junta dice en su artículo 40 que «el ejercicio de acciones, incluyendo la presentación de querellas, por parte del Gabinete Jurídico , requerirá autorización del Consejo de Gobierno. Igual autorización necesitará para desistir de aquellas o apartarse de éstas».

El mismo reglamento obligaba a poner todo el celo en que se reclamaran las resposanbilidades subsidiarias a los acusados. Díaz asegura que que ese acuerdo no existe, que fue una decisión de los letrados, justificándolo en que hay «división de poderes».