TRIBUNALES
Caso ERE: La Junta exculpa al ex alto cargo acusado porque no dio la ayuda a la trama de la Sierra Norte
Asegura que el exdirector Daniel Rivera pagó el 25% de una subvención, pero la Fiscalía, el PP-A y el juez sí lo ven presunto responsable penal
La Junta de Andalucía considera que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera Gómez no debe sentarse en el banquillo por la pieza del caso ERE sobre el entramado empresarial creado por los exconcejales socialistas de El Pedroso José María Sayago y José Enrique Rosenso (fallecido en enero de 2016). La razón que esgrime es que Rivera no concedió ninguna de las ayudas, que ascendieron en total a 34,2 millones de euros.
Quien dictó la resolución de concesión de una ayuda por importe de 300.000 euros a una de las empresas «pantalla» del conglomerado, Explotaciones Agrícolas Sanluqueñas S.A. (Expasan), fue su antecesor al frente de la Dirección General de Trabajo, Juan Márquez , quien no está acusado en esta pieza porque ya fue juzgado y condenado por la Audiencia de Sevilla por participar el sistema de ayudas irregulares.
Rivera Gómez, que fue alto cargo en el Gobierno de José Antonio Griñán (PSOE), está acusado en esta pieza y, salvo que la Audiencia de Sevilla dicte lo contrario, se sentará en el banquillo, junto a Sayago y tres empresarios más beneficiarios de fondos públicos. El Gabinete Jurídico de la Junta no ha formulado acusación contra él porque su actuación se circunscribió a ordenar el pago del 25% de la citada subvención (75.000 euros). El 75% restante había sido abonado a Expasan por orden de su antecesor. Añaden desde la Junta que fue Rivera quien «propuso la revisión de oficio del expediente. El Consejo Consultivo dictaminó que la ayuda era nula y así lo acabó avalando el TSJA, que desestimó la demanda de Expasan.
La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular del PP andaluz discrepan y sí ven indicios de delito en la actuación de Rivera. También el juez del caso ERE ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra Rivera porque aprecia indicios «suficientes y solventes» de que «sí tuvo intervención» en el procedimiento, « ordenando y disponiendo de manera arbitraria e injusta de los fondos públicos constitutivos del ilícito pago de parte de las ayudas objeto de las actuaciones (en este caso, concedidas en favor de Explotaciones Agrícolas Sanluqueñas S.A.)».
El magistrado José Ignacio Vilaplana pone de manifiesto que, «si bien es cierto que la Junta de Andalucía no ejercita pretensión de condena frente a Daniel Alberto Rivera y, por consiguiente, no deduce tampoco pretensión indemnizatoria frente a dicho acusado, la Junta no ha renunciado al resarcimiento de los daños y perjuicios que pudieran corresponderle, ni ha hecho reserva de acciones civiles». Por ello, permite que el Ministerio Público «dirija en solitario la correspondiente pretensión de resarcimiento dirigida contra todos y cada uno -incluido Rivera- de los presuntos responsables penales y civiles frente a los que se decreta la apertura de juicio oral».
Tribunal de Cuentas
Por otro lado, la Junta de Andalucía está presente cinco procedimientos de reintegro por alcance en los que está demandado Daniel Alberto Rivera que afectan a las ayudas concedidas a Acyco, Astilleros de Sevilla, Consyproan y en el procedimiento de las comisiones , pendiente de señalamiento de juicio. En el escrito de demanda de la Junta solicita que la cuantía del procedimiento sea de 64.362.818,12 euros, de los cuales se reclama a Daniel Rivera por la cantidad de 3.287.277,41 euros incluidos intereses. El resto de la cuantía se demandó a Javier Guerrero (46.285.969,28 euros incluidos intereses) y a Juan Márquez (14.789.571,73 incluidos intereses).
En la macrocausa penal de los ERE, la Junta ejerce la acusación contra Rivera en las piezas de Consyproan S.L., Fabricantes de Encimeras para Europa S.L. e Industrias Elizana S.A.
En el auto previo de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, el magistrado explicaba que el objeto de estas actuaciones lo constituye « la presunta ilicitud de las ayudas y subvenciones concedidas extramuros de la legalidad » por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y abonadas por la agencia IFA/IDEA, en favor de distintas empresas y entidades vinculadas con Sayago y el también empresario de la Sierra Norte sevillana José Enrique Rosendo, fallecido en 2016, por 34,2 millones de euros.
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