El atasco de la Audiencia de Sevilla obliga a juzgar una pieza de corrupción de la Junta diez años después

Antonio R. Vega

10/05/2021 a las 11:25h.

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El caso del proyecto Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), un portal de empresas que recibió 716.000 euros de la Junta de Andalucía y nunca llegó a funcionar , empezó a investigarse en el año 2012. Según el juez que instruyó este sumario, fue un caso de libro de « enriquecimiento ilícito de terceros », como los socios promotores de FIVA, por parte de los diretivos de la empresa de capital riesgo de la Junta, Invercaria. Unos y otros no se van a sentar en el banquillo hasta diez años después de que sus nombres aparecieran en esta pieza de supuesta corrupción de la macrocausa Invercaria. Un caso que se divide en más de una quincena de investigaciones sobre inversiones ruinosas y sin control a empresas.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha fijado para el 7 de septiembre de 2022 el inicio del juicio contra dos ex presidentes de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz , y otras diez personas más, entre excargos de la sociedad pública y empresarios como el administrador de Novasoft, Francisco José Barrionuevo.

En una diligencia de ordenación del pasado 7 de mayo, facilitada a ABC, la letrada de la Administración de Justicia (antigua secretaria judicial) de la Sección Cuarta establece 45 sesiones de juicio oral que se celebrarán entre el 7 de septiembre de 2022 y el 12 de enero de 2023 cuando, salvo que se modifique el calendario, quedaría visto para sentencia. El de FIVA sería el tercer juicio que se celebra de Invercaria tras el de Aceitunas Tatis S.L. y la pieza de la diseñadora cordobesa Juana Martín , que se está juzgando ahora.

La sala establece este cronograma una vez « examinadas y resueltas las solicitudes de prueba propuestas » por las acusaciones y defensas, según aclara en la diligencia. Esta resolución viene precedida de la advertencia del tribunal que debe enjuiciar la pieza, que en el mes de marzo avisó que no podía fijar el juicio porque tenía « completa al agenda a más de un año vista » para un proceso que requiere cerca de cincuenta sesiones.

En dicho auto, el tribunal que preside el magistrado Carlos Luis Lledó González les comunicaba entonces a las partes que « desafortunadamente no será posible fijar una fecha cercana » debido a que la agenda está completa y un proceso como este requiere «la reserva de no pocos días para su celebración, así como una cierta infraestructura y disponibilidad de sala de vistas de alta capacidad».

En opinión de uno de los letrados de la defensa, Juan Carlos Alférez , «el colapso de la Audiencia, imputable a la incesante creación de macrocausas que la justicia local con sus medios no tiene la menor capacidad de procesar, determina situaciones como la presente, un juicio en el que en 2022 y 2023 se enjuiciarán durante meses hechos ocurridos en el año 2006, casi veinte años después ».

«Evidentemente, algo no se está haciendo bien, la situación es insostenible, la completa desmesura que se está produciendo en los órganos de instrucción , creando sin cesar causas ingentes, inmanejables en tamaño y contenidos, como se comprueba, en general, produce mucho más daño que beneficios a la justicia en su conjunto», expone este abogado.

La situación de colapso se ha visto agravada por «las especiales circunstancias en que se dicta esta resolución, bajo una situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, con todo lo que ello conlleva», detalló en marzo el tribunal, pues hasta el pasado día 9 de mayo el país estaba en estado de alarma.

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