Caso ERE: Las deudas con la Justicia de Francisco Javier Guerrero se liquidan con su muerte

Su letrado registrará el acta de deceso en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que debía resolver el recurso de casación presentado por su defensa contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla . Ya no tendrá que hacerlo. Su responsabilidad penal queda extinguida tras su muerte.

El tribunal lo condenó a siete años, once meses y un día de cárcel , así como a 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por delitos continuados de malversación y prevaricación en la única pieza de la macrocausa de los EREque ha sido juzgada y que declaró ilegal el procedimiento creado para dar ayudas. Guerrero defendía que el sistema no lo había montado él sino la Junta de Andalucía y que él era un mero ejecutor.

Por este proceso no debía devolver ningún dinero porque los letrados autonómicos renunciaron expresamente a que los diez ex altos cargo s condenados por malversación, entre ellos el expresidente José Antonio Griñán , depositaran fianzas de responsabilidad civil para reparar el daño económico causado a las arcas. La Junta no formuló ninguna acusación en la pieza política del proceso y solicitó su archivo. Toda la munición jurídica se la reservó para el Tribunal de Cuentas.

Cuestión distinta es la responsabilidad contable. En los últimos dos años el Tribunal de Cuentas ha dictado varias sentencias en las que sitúa a tres exdirectores generales de Trabajo de la Junta de Andalucía como responsables «contables directos» del daño infligido al erario de la comunidad autónoma por la gestión del sistema de ayudas irregulares del caso ERE. En varias sentencias, que afectan a Guerrero y a sus sucesores, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera Gómez , la sala de enjuiciamiento consideró que tuvieron una «conducta gravemente negligente».

Guerrero era el ex alto cargo que más condenas acumulaba, en las que se le obligaba a reintegrar cantidades millonarias por el menoscabo de fondos públicos . Tras la muerte de uno de los principales condenados del caso, la vía por la que habían apostado los letrados de la Junta de Andalucía para recuperar el dinero público también ha quedado prácticamente sepultada.

Estas deudas judiciales pasarían a sus herederos, que siempre tienen la opción de rechazarlas o aceptarlas a beneficio de inventario, según las fuentes jurídicas consultadas. Al Tribunal de Cuentas ya se le ha comunicado su defunción de manera verbal y en breve se le va a remitir el certificado, según indicaron fuentes jurídicas.

El que fuera director general de Trabajo entre 1999 y 2008 se enfrentaba a un aluvión de demandas . El Tribunal de Cuentas tenía hasta 31 procedimientos abiertos y otros quince en los que no se había personado. Ha dictado sentencias en contra de Guerrero, pero también archivos porque la sala consideraba que el supuesto menoscabo de fondos había prescrito.

Guerrero llevaba años con sus bienes embargados, primero por la investigación penal y, después, por la responsabilidad contable. Mediante una notificación del 28 de mayo de 2018, el Tribunal de Cuentas acordó retener de forma preventiva un inmueble del que era propietario al cien por cien en el municipio sevillano de El Pedroso , el pueblo donde nació hace 63 años y del que fue alcalde entre 1995 y 1999.

El delegado instructor también embargó del sueldo que cobraba Guerrero, que en enero accedió a su jubilación anticipada como funcionario adscrito al Servicio Andaluz de Empleo . Parte de su pensión estaba inmovilizada. Durante el largo proceso de los ERE se quejaba amargamente de que debía subsistir con 700 euros al mes.