Tribunales

Caso ERE: Sus antiguos jefes echan las culpas de las ayudas a Javier Guerrero, muerto hace una semana

El exviceconsejero de Empleo asegura que «no tenía por qué supervisar» a su director general por los fondos concedidos a Acyco

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, este martes en la Audiencia de Sevilla EP

A. R.

Ex altos cargos de la Consejería de Empleo acusados en el segundo juicio de la macrocausa de los ERE han dejado claro que su estrategia procesal va a consistir en echarle la culpa al muerto. Tanto el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández García como el viceconsejero del ramo Agustín Barberá han endosado toda la responsabilidad de las ayudas concedidas a la envasadora de aceitunas Acyco al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero Benítez , fallecido a causa de una neumonía grave el pasado 11 de octubre.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla está enjuiciándolos por las ayudas irregulares por importe de 2,9 millones de euros que la Junta otorgó a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco) de Dos Hermanas. Ambos antiguos cargos socialistas defendieron durante la instrucción que no tuvieron participación alguna en la gestión de los fondos públicos y han señalado que quien se hizo cargo de la aprobación y el abono de la ayuda fue el fallecido exdirector general de Trabajo.

El tribunal reanudó el pasado lunes la vista después de que rehusara excluir del juicio a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía juzgados y condenados por el «procedimiento específico» , el marco presupuestario y administrativo que se empleó para conceder y pagar las ayudas. Fernández se ha acogido a su derecho a no declarar, aunque a instancias de la Fiscalía Anticorrupción se ha leído parte de lo que dijo a la jueza Mercedes Alaya en abril de 2012.

Durante esa comparecencia, se ha escuchado que Fernández indicó que no sabía quién había concedido la ayuda a Acyco en 2003, si bien admitió conocer «desde hace mucho tiempo» a la presidenta de la compañía radicada en Dos Hermanas, Encarnación Poto, y que «estaba afiliada al PSOE y a UGT» , según recoge la agencia Efe.

« No se ajusta a la realidad que esos pagos fuesen decisión del consejero o el viceconsejero », replicó también el exconsejero, al contrario de lo que había señalado Guerrero, a lo que añadió que las ayudas «se concedían por decisión política, no por decisión de los despachos».

Barberá, que sí ha declarado ante el tribunal , también ha contradicho la versión de Guerrero y ha tildado de «absolutamente falso» que en los Consejos de Dirección de la Consejería, en los que participaban los principales cargos, «se diese cuenta de los detalles de cada ayuda sociolaboral».

Reunión con Guerrero

« No he tenido ninguna información, ningún contacto ni ninguna reunión que tuviese que ver con Acyco », ha aseverado el exviceconsejero, que ha admitido que no conocía el protocolo firmado entre Guerrero y Acyco en 2003 y que la Consejería no supervisaba las gestiones de ese ex alto cargo.

«Los directores generales eran los gestores de esas ayudas y no tenían por qué recibir ninguna supervisión del consejero o el viceconsejero», ha indicado.

Cuando Juan Márquez sucedió a Guerrero, la cúpula de la Consejería sí daba «el visto bueno a la orden de pago» a las empresas beneficiarias, igualmente «emitida por el director general » pero «sin ninguna documentación que la acompañase», por lo que «no existía ninguna comprobación de veracidad sobre ese pago», según Barberá.

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