Caso Ere de Andalucía
El Partido Popular acusa a 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía e incrimina más al Consejo de Gobierno
Coincide con la Fiscalía en retirar su acusación contra Antonio Estepa Giménez, exsecretario general de Hacienda
El PP, que ejerce la acusación popular, ha mantenido casi inalterable su acusación contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía en la lectura de sus conclusiones en el juicio por la pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
Al igual que la Fiscalía Anticorrupción, el PP pide seis años de prisión y treinta de inhabilitación para el expresidente de la Junta José Antonio Griñán como presunto autor de un delito de prevaricación y otro de malversación, mientras que para su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, esta acusación solicita diez años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación.
Además, la acusación del PP se ha adherido a la renuncia del ministerio público y ha exculpado al ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa , al que le atribuía un presunto delito de prevaricación y se enfrentaba a una petición de condena de diez años de inhabilitación.
A diferencia de los fiscales Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández, los letrados del PP Luis García Navarro y Lourdes Fuster no han rebajado en dos años la condena solicitada para el ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Jacinto Cañete y la ex secretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina . Mantienen su solicitud de ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación como presuntos autores de un delito de malversación y prevaricación para ambos ex altos cargos.
En sus conclusiones, el PP aumenta la carga incriminatoria contra los expresidentes y seis exconsejeros acusados de implantar un sistema irregular de ayudas en su condición de integrantes del Consejo de Gobierno andaluz, el máximo órgano del poder ejecutivo.
Para esta acusación, son hechos punibles la aprobación de los Programas de Actuación, Inversión y Financiación de la agencia IFA/IDEA, que pagaba las ayudas irregulares , por parte del Consejo de Gobierno, en la medida que aprobaban los presupuestos de explotación del ente público.
En el presupuesto de ingresos aparecía el importe de las transferencias de financiación como forma de allegar fondos al IFA-IDEA, a sabiendas que los mismos iban a ser destinados al pago de subvenciones, siendo un uso inadecuado para ello y, en el presupuesto de gastos y para equilibrar el presupuesto, se consignaban un importe equivalente de gastos ficticios.
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