Caso ERE Andalucía

La juez Núñez excluye al exconsejero Antonio Fernández del ERE donde figuró como prejubilado

Rechaza el recurso del fiscal porque el exconsejero ya va a ser juzgado por el sistema irregular de ayudas

El exconsejero de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, saliendo de la Audiencia de Sevilla EFE

Antonio R. Vega

Antonio Fernández García no va a ser investigado por figurar como prejubilado en un ERE cuando era consejero de Empleo de la Junta de Andalucía y beneficiario de una ayuda de 386.000 euros concedida en abril de 2008 por un subordinado suyo, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que no llegó a cobrar. La juez instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños , ha decidido excluirlo de la pieza separada del caso ERE que investiga la subvención de 17,45 millones concedida en su etapa como consejero a la bodega jerezana González Byass, de la que era trabajador en excedencia desde 1983, cuando decidió dedicarse a la política.

Mediante un auto del 13 de noviembre pasado, la magistrada rechaza el recurso de reforma presentado contra el auto de exclusión de Fernández dictado el pasado 30 de abril, que ahora vuelve a ratificar, con la tesis de que no puede ser enjuiciado de forma aislada por malversación en relación con esta ayuda si ya está encausado por el mismo delito por el diseño e implantación del sistema irregular de ayudas que reúne en el banquillo de la Audiencia de Sevilla a 21 ex altos cargos, incluidos dos expresidentes de la Junta.

Durante el juicio, Fernández, el único consejero de la Junta que ha pisado la prisión por el fraude de los ERE, reconoció que su nombre figuró en el listado de 94 trabajadores beneficiarios de una póliza de prejubilación colectiva para mayores de 55 años, entre los que se encontraba «por ley al ser personal en excedencia». A preguntas de su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, relató que no firmó el boletín de adhesión a la póliza porque «no quería póliza, ni la necesitaba, ni la suscribí» y tampoco «participó en las ayudas sociolaborales».

Según la Guardia Civil, el ex alto cargo renunció a cobrarla «tiempo después de que se hiciese público y notorio casos como el ERE de Mercasevilla». Por error en la transcripción en su ficha se confundió su ingreso en la empresa con su fecha de nacimiento.

La Junta de Andalucía, que ejerce la acusación en el caso ERE, tampoco se cree la versión de Fernández y ha recurrido su exclusión de la pieza de González Byass. Lo cuestiona así: «Los hechos relatados en el auto que recurre revelan todos los indicios que sobre la actuación de Antonio Fernández García, como consejero de Empleo y como extrabajador de la empresa González Byass , pesan en la concesión de la ayuda que en las presentes diligencias».

Núñez reproduce autos de la Sección Séptima en los que recrimina a la Fiscalía que es su «afán globalizador» al acusar a varios de ex altos cargos de malversación además de prevaricación lo que hace que en el juicio de la pieza política, según su criterio, no se les juzgue sólo por crear o mantener un sistema para dar las ayudas sino por cada ayuda que se dio con ese procedimiento. La Sección Primera, que juzga a Fernández y a otros 20 ex altos cargos, sostiene lo contrario.

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