Caso ERE Andalucía
La juez Núñez Bolaños persiste en su ofensiva judicial contra los fiscales tras el archivo de su denuncia
Recurre ahora a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
La juez María Núñez Bolaños persiste en su ofensiva judicial contra la Fiscalía Anticorrupción, que la responsabilizó de los «retrasos injustificados» de tres causas de corrupción que afectan a los anteriores gobiernos andaluces del PSOE (casos ERE, Avales y Agencia IDEA). Después de que la jefa inspectora de la Fiscalía General de Estado archivara su denuncia contra el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y los seis fiscales delegado s de Sevilla por un supuesto delito de calumnias, la magistrada ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra dicha decisión de la inspectora fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según han confirmado a ABC fuentes del Alto Tribunal.
Como es habitual, la Sección Séptima del TSJM, encargada de las pesquisas, ha dado traslado a las partes de las actuaciones, Luzón y los seis fiscales, por si quisieran contestar a las acusaciones de la magistrada o personarse , así como a la Fiscalía General del Estado para que le mande el expediente completo, según ha publicado Diario de Sevilla. No obstante, en la Fiscalía no van a entrar en esta cruzada judicial y se reafirman en el escrito pormenorizado que elaboraron en su día.
El 24 de junio pasado, Núñez Bolaños presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Luzón y los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla solicitando que le abrieran un expediente disciplinario porque, según relató en su escrito, le habían atribuido «hechos falsos ajenos a la labor jurisdiccional que incluían juicios de valor improcedentes y ofensivos» que podrían encuadrarse en un supuesto delito de calumnias.
Pero la revancha se le volvió en contra a la juez. En el decreto de archivo fechado el pasado 4 de octubre, la jefa inspectora de la Fiscalía no da verosimilitud a los hechos que denuncia y le recuerda que tanto el Servicio de Inspección como el Promotor Disciplinario del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) recogieron en sus informes que hubo «paralizaciones o retrasos» en las instrucciones, con independencia de que considerase que estas demoras «no se deben a la inacción ni a la falta de actividad procesal o de impulso general en la labor» de Núñez Bolaños. Por esta razón el CGPJ desistió de abrirle un expediente disciplinario y archivó la queja.
Disfunciones
« La existencia de determinadas disfunciones fue objetivamente comprobada », exponía la jefa inspectora. «El hecho de que el Servicio de Inspección y el Promotor no hayan apreciado la existencia de conductas sancionables en la actividad profesional de la magistrada, no puede conllevar la alegada concurrencia de motivos espurios a la hora de formular la denuncia, ni mucho menos una correlativa responsabilidad de índole disciplinaria de los fiscales» que la presentaron.
La magistrada, que ha delegado las causas de corrupción en su juez de refuerzo, refería discrepancias o «enfrentamientos graves» con los fiscales en los citados procedimientos. En la resolución de archivo se pone de manifiesto que « en ningún caso se relatan, identifican o concretan los ‘enfrentamientos graves’ , tampoco se identifican las ‘autoridades de la circunscripción’ con las que supuestamente los fiscales denunciados tuvieron esos enfrentamientos, ni se explican o da indicio alguno sobre los motivos ajenos al ejercicio de la función que en su caso los hubieran podido motivar».
Por todo ello, la jefa inspectora de la Fiscalía archivó la denuncia de la juez sin abrir una investigación « por carecer los hechos denunciados de relevancia disciplinaria ». «No puede tener acogida la pretensión de derivar al circuito de la justicia penal y/o disciplinaria las decisiones adoptadas por el Ministerio Fiscal, simplemente por no ser coincidentes con la opinión» suya.
La juez Núñez Bolaños incluso le echó en cara que difundiera una nota de prensa sobre la denuncia presentada ante el CGPJ que dio pie a la apertura de unas diligencias informativas y a una inspección de su juzgado. La Fiscalía lo justificaba por «la relevancia mediática» de los casos que llevaba al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La discrepancia de la juez sobre la difusión de la denuncia en la Prensa, «aunque comprensible» no puede ‘per se’ «presuponer irregularidad alguna» en la actuación del Ministerio Público, alega.
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