TRIBUNALES
Caso ERE en Andalucía: Dos jueces que ya condenaron a Chaves y Griñán juzgarán al «chófer de la coca» y a Guerrero
Juan Antonio Calle Peña y Encarnación Gómez formarán parte del tribunal que enjuiciará las ayudas de 1,5 millones concedidas a empresas fantasma
Dos de los jueces que condenaron a la antigua cúpula socialista de la Junta de Andalucía en el único juicio del caso ERE celebrado hasta ahora, Juan Antonio Calle Peña y Encarnación Gómez Caselles , formarán parte del tribunal que va a enjuiciar en otra pieza de la macrocausa al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y a Juan Francisco Trujillo , el que fuera su chófer, quien confesó haber comprado regalos y cocaína y pagado fiestas de su jefe con las ayudas que recibía a través de empresas fantasma. Así lo especifica una providencia dictada por la ponente de la sala, Encarnación Gómez, dictada el 27 de mayo pasado a la que ha tenido acceso ABC . En ella se comunica a las partes la composición del tribunal que enjuiciará esta causa
Ambos magistrados condenaron a Guerrero por el sistema «fraudulento» de ayudas a 7 años y 11 meses de prisión por delitos de prevaricación y malversación, junto a otros 16 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre los que destacan los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán .
El juez Francisco de Asís Molina completa el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que va a enjuiciar las ayudas ilegales concedidas al chófer de Guerrero.
Se trata de una de las piezas en las que se troceó la macrocausa de los ERE, el mayor escándalo de la autonomía andaluza, ya que el Gobierno andaluz dispuso de un sistema fraudulento de reparto de ayudas a trabajadores y empresas en crisis en el que se gastaron casi 680 millones de euros durante una década burlando los controles establecidos, según dictaminó la sentencia, contra la que los condenados están presentando recursos de casación ante el Tribunal Supremo.
Juan Francisco Trujillo está acusado en este proceso junto a su exsocio en las empresas Isidoro Ruiz, exalcalde pedáneo socialista de Llanos del Sotillo (Jaén), Guerrero y el exdirector de la consultora Vitalia Antonio Albarracín. La juez instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños, les atribuyó en su auto de procesamiento los supuestos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento mercantil, después de exculpar a la mujer y a la madre del conductor , que habían estado imputadas durante la fase de instrucción.
Fiestas, droga y regalos para su jefe
Cuando la Policía Nacional de Jaén interrogó al chófer en su casa de la pedanía de Llanos del Sotillo, en Andújar (Jaén), declaró que parte del dinero de las subvenciones recibidas se las habían gastado en cocaína, fiestas y regalos para el propio Guerrero. Trujillo y Guerrero llegaron a estar en prisión preventiva por estos hechos por orden de la responsable entonces del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.
Según recogió la juez Núñez Bolaños en su auto de procesamiento, las subvenciones se concedieron «de forma arbitraria por Francisco Guerrero para su lucro y el de sus amigos o conocidos, a sabiendas del carácter ficticio de dichas empresas y de la finalidad indiciariamente ilícita de la ayuda concedida». El ex director general de la Junta sugirió a su chófer que creara dos empresas y que, como podía conceder subvenciones y «no tenía que justificar nada», podría darle dinero. Bastaba con presentar «una memoria muy simple».
En sus declaraciones apuntó a su jefe Guerrero como el que le había dicho cómo crear empresas y luego recibir subvenciones. El dinero de las subvenciones se lo repartía presuntamente en parte con Guerrero, bien en metálico o a través de regalos. Trujillo, según sus declaraciones, nunca tuvo que justificar las subvenciones a la Junta, pero se olvidó de que la Agencia Tributaria sí que le pediría cuentas por el dinero que había recibido y por lo que debía ingresar en las arcas públicas.
Por esta razón, el antiguo chófer del que fuera ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ha tenido que entrar en prisión por no haber hecho frente al pago de la multa de 660.000 euros a la que en septiembre de 2016 le condenó el Juzgado de lo Penal número 2 de Jaén por un delito contra la Hacienda Pública, además de imponerle 18 meses de cárcel.
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