CASO ERE ANDALUCÍA
El ex jefe jurídico de la Junta de Andalucía afirma que se aprobaban los convenios de ayudas sin documentos
Francisco del Río asegura ante el tribunal del caso ERE que desconocía que hubiera un convenio marco que regulara las subvenciones irregulares
![Francisco del Río](https://s3.abcstatics.com/media/andalucia/2018/03/05/s/francisco-delrio-casoere-k4yD--1240x698@abc.jpg)
Francisco del Río, quien fuera jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía desde 1982 hasta 2012, ha declarado este lunes ante el tribunal del caso ERE que el consejo rector de la agencia IFA/IDEA aprobaba los convenios particulares para pagar las ayudas bajo sospecha a empresas sin tener documentación. Se trata de las subvenciones que superaban la cuantía de 450.000 euros, que tenía que ratificar el consejo rector del que Del Río formó parte.
A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción en el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta , entre ellos los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el ex jefe de los letrados de la Administración andaluza ha reconocido que desconocía la existencia del convenio marco del 17 de julio de 2001 que institucionalizó la firma de convenios particulares entre la Consejería de Empleo y la agencia autonómica para pagar las ayudas. Sin embargo, ha admitido que dicho procedimiento debió contar con un informe del Gabinete Jurídico porque era preceptivo, aunque careciera de este documento indispensable.
Del Río ha insistido en su declaración en que “ documentación de los convenios no se entregaba ” al menos en las sesiones a las que asistió como miembro del consejo rector y que sólo tiene copia de cuatro convenios. Tampoco tenía documentos de los convenios para pagar las ayudas irregulares que aprobaba el director general de IFA/IDEA por tener una cuantía inferior a los 450.000 euros.
El ex jefe del Gabinete Jurídico afirma que en los convenios particulares no se hacía ninguna referencia al convenio marco del que emanaban los convenios particulares. El fiscal Juan Enrique Egocheaga también le preguntó por las ayudas a los ayuntamientos que se abonaron con cargo a la partida de los ERE , en concreto a los ayuntamientos de Santiponce, Coria del Río y Camas, todos en la provincia de Sevilla, en el año 2003.
A este respecto, le mostró un acta de un consejo rector en el que el director general de la agencia informaba sobre estos convenios suscritos, pero sin citar la cuantía comprometida. La poca información facilitada era la norma en el consejo rector. Del Río lo ha confirmado: “ Eso es todo lo que se decía o incluso menos ”.
Por otro lado, el ex jefe del Gabinete Jurídico de la Junta ha mostrado su “duda” respecto a la necesidad de que las ayudas sociolaborales tuviesen una norma reguladora aun cuando ha reconocido que “siempre es buena, sin duda”. Además, ha reconocido que un letrado adjunto del servicio de consultoría puso bastantes “observaciones” al borrador de decreto para regular las ayudas sociolaborales que se presentó tres veces en los consejillos previos al Consejo de Gobierno y que nunca llegó a aprobarse.
Del Río ha afirmado que “no tenía conocimiento” del mecanismo de pago de las ayudas a través de las transferencias de financiación puestas en dudas por la Intervención General de la Junta. Tampoco sabía que la partida 31L se empleara en pagar primas de pólizas de prejubilación y se realizaran pagos a aseguradoras.
Antes del exjefe del Gabinete Jurídico, ha continuado su declaración el exdirector de la agencia pública IDEA Miguel Ángel Serrano, quien ha defendido que nunca tuvo sospecha sobre “la mínima sombra de ilegalidad ” sobre el sistema de pago de las ayudas a empresas en crisis. “De haberlo tenido, lo hubiéramos elevado a nuestros superiores”. Añadió que sospechas no caben dentro de una Administración y que si cuestionara cualquier trámite de ésta “se produciría un bloqueo”.
Serrano, que ocupó el cargo entre 2004 y 2008, también ha relatado, a preguntas de su abogado, Miguel Delgado, que “ nunca recibimos ninguna indicación de la Intervención de la Junta de que lo hiciéramos de otra forma”. Es decir, ha sostenido que nunca se le trasladó ninguna directriz para cambiar el sistema de las transferencias de financiación.
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