CASO DE LOS ERE ANDALUCÍA
Indignación entre los ex altos cargos de la Junta de Andalucía por no ser excluidos del juicio del ERE de Acyco
La vista oral de este lunes ha sido interrumpida por el tribunal al conocerse que un letrado de las defensas es contacto directo de un positivo por Covid; el juicio continúa este martes y el abogado podrá ausentarse
Este lunes se retomaba en la Audiencia de Sevilla el juicio que celebra la Sección Tercera por el ERE de Acyco, empresa que recibió una ayuda sociolaboral millonaria de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo en 2003 para poner en marcha un expediente de regulación de empleo para 35 trabajadores . Entre la docena de acusados, varios ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía . La vuelta ha estado marcada por la ausencia del que fuera ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero , fallecido hace una semana, y por el auto del pasado viernes de la Sección Tercera en el decidía que los ex altos cargos socialistas tenían que seguir sentados en el banquillo de los acusados y no serían excluidos, como solicitaron sus defensas. Precisamente, los abogados y este grupo de acusados han mostrado este lunes su indignación y cabreo por esta decisión y han expresado su «respetuosa protesta» al tribuanl al inicio del juicio.
El tribunal encargado de juzgar esta pieza separada de los ERE dictó un auto el pasado viernes en el que resolvía las cuestiones previas planteadas por las defensas de los 12 investigados por malversación y prevaricación y de los responsables civiles subsidiarios, rechazando la solicitud de exclusión de enjuiciamiento interesada por los abogados de los seis ex altos cargos socialistas acusados, como son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández ; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero (recientemente fallecido-) Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el exdirector general del Instituto de Fomento de Andalcuía (posteriormente Agencia IDEA ) Miguel Ángel Serrano.
Los abogados de estos acusados solicitaron la exclusión de enjuiciamiento de sus patrocinados en esta pieza separada en base fundamentalmente al principio «non bis in ídem», pues entendían que ya fueron enjuiciados por estos hechos en la vista oral por el denominado procedimiento específico que se desarrolló en la Sección Primera de la Audiencia, y en el que resultaron condenados por prevaricación y malversación junto a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán .
No obstante, el tribunal de la Sección Tercera argumenta que los hechos por los que se sigue la presente causa del ERE irregular de Acyco « no han sido objeto de enjuiciamiento con anterioridad ni, en concreto, en el denominado procedimiento específico » que juzgó la Sección Primera de la Audiencia, señalando que «así lo expresa de manera clara y contundente» la propia Sección Primera en el auto por el que resolvió las cuestiones previas planteadas en esa causa, donde concluyó que «las ayudas individuales no son objeto de enjuiciamiento en la presente causa».
Para la Sección Tercera subraya en el auto que « los hechos de la presente causa y los que fueron objeto del denominado procedimiento específico no son los mismos, son diferentes », una postura que «resulta avalada, en primer lugar, por las distintas resoluciones respecto a la división del procedimiento matriz en piezas independientes».
Esta decisión del tribunal ha sentado como un jarro de agua fría entre los ex altos cargos de los distintos gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía de la década del 2000 y sus letrados. Su malestar y desconcierto por esta resolucuión eran evidentes esta mañana antes de entrar en la sala de vistas. Así, además, han expresado su «respetuosa protesta» ante el propio tribunal. Asimismo, se ha conocido que, por ejemplo, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández se va a acoger a su derecho a no declarar en el juicio.
El primer juicio sin Guerrero
Otro cambio en el devenir de este juicio, y por seguro del resto de casusas pendientes de los ERE, es el fallecimiento de Francisco Javier Guerrero . El tribunal ha iniciado la sesión admitiendo que habían tenido conocimiento del «notorio» fallecimiento del ex director general de Trabajo. En ese momento, el abogado del fallecido, Rafael Ramírez García del Junco, ha tomado la palabra para solicitar autorización para abandonar la Sala a la vista de que las responsabilidades penales de Guerrero han quedado eliminadas.
Además de los cinco ex altos cargos de la Junta, en esta causa está procesados los extrabajadores de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, un abogado, un «intruso» , el director de Recursos Humanos y abogado de la empresa y la presidenta del consejo de administración, Encarnación Poto , quien también aparecía entre los beneficiarios del ERE.
En el año 2003, Acyco contaba con 161 trabajadores, iniciando en marzo de ese año un ERE ante la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla para la extinción de 35 puestos de trabajo. La situación de la empresa era «precaria» , según ha declarado este lunes el acusado Gabriel Barrero, exdirector de Personal y abogado de la mercantil.
La empresa presentó el 3 de julio de 2003 ante la Delegación de Empleo una solicitud de tramitación de un ERE tendente a la extinción de 35 contratos laborales de los 161 contratos de los trabajadores que constituían la plantilla. El ERE, según ha asegurado este lunes Barrero, lo iba a sufragar íntegramente la Junta , a lo que se comprometió el propio Guerrero.
Dos «intrusos»
El pago de las prejubilaciones se articuló mediante póliza de renta colectiva, para cuya contratación intervino Vitalia como mediadora, formalizándose tres pólizas, en una de las cuales fueron incluidos Andrés Carrasco Muñoz, «amigo de la infancia» de Guerrero , y Domingo Martínez Castillo. Eran dos personas «intrusas» que nunca habían trabajado en la empresa, según Gabriel Barrero, quien los detectó en el protocolo firmado ante Guerrero en la Dirección General de Trabajo en octubre de ese año. Habían metido a esos dos «intrusos» y no estaba Poto, por lo que hubo de subsanarse esos errores.
El 26 de julio de 2003 tuvo lugar la firma del Protocolo de Colaboración entre la Dirección General de Trabajo, representada por Guerrero, y Acyco, representada por Encarnación Poto. Hoy Barrero ha dicho que la firma de dicho protocolo fue en octubre en el despacho de Guerrero y que él acompañó a Poto .
Según la Fiscalía, la firma de este protocolo « no estuvo precedida de la tramitación del expediente administrativo de solicitud y concesión de ayuda con sujeción a los requisitos y controles pertinentes », ya que «no se anotó en el registro de subvenciones, no hubo solicitud formal ni resolución de concesión o informe previo del gabinete jurídico, no se señaló lista de requisitos previos para poder acceder a la ayuda ni parámetros de cuantía máximas que se pudieran obtener, o criterio de qué porcentaje podía asumir la Junta y cuál la empresa y, finalmente, no se hizo desde la Dirección General de Trabajo ningún tipo de seguimiento del cumplimiento de los fines de la ayuda».
Encarnación Poto «se incluyó en el ERE de la empresa cuando no llegó a extinguir su relación laboral» con la misma, continuando como presidenta de su consejo de administración hasta 2011 y recibiendo en total 276.505,92 euros. Según el exdirector de Personal acusado, el único requisito para ser incluido en el ERE era tener 52 años y Poto lo cumplía . Además, ha indicado que eran unas condiciones «muy ventajosas» para los prejubilados, como una renta vitalicia. Todo a costa de las arcas públicas .
Relaciones políticas y sindicales
El fiscal ha preguntado también a Barrero por la ayuda concedida por Márquez y Rivera en 2010 a la empresa. Barrero ha dicho que fue para contratación de técnicos. Sin embargo, consta en la causa que el objeto del expediente era para el mantenimiento de 144 puestos de trabajo, pese a que en tales fechas la empresa no alcanzaba ese número de trabajadores, llegando tan sólo a los 107 empleados. Acyco recibió algo más de 80.000 euros, el 75 por ciento de la ayuda, que era de 109.620 euros. El dinero recibido por la empresa fue destinado a pagar la minuta de un despacho de abogados por el asesoramiento dado en el ERE de 2003 . Así lo ha explicado hoy el propio acusado, quien ha insistido en varias ocasiones que el pago del ERE por la Junta fue un compromiso de Guerrero, como así se lo trasladó en la reunión de inicios de 2003.
« Poto le expuso a Guerrero la situación económica de Acyco, y éste le planteó la posibilidad de apoyar un ERE », ha afirmado el acusado.
La vista ha comenzado con la declaración como testigo del abogado Carlos Aguilar, quien defiende en esta causa los intereses de Dcoop, actual propietaria de Acyco, como acusación. El testigo ha afirmado que Poto era la encargada de llevar el día a día de la administración de Acyco. « Tenía un alto grado de las relaciones políticas y sindicales », ha dicho sobre ella.
Interrupción por un positivo
El interrogatorio de Gabriel Barrero ha quedado interrumpido este lunes tras el receso de quince minutos, al conocer el tribunal que el abogado que defiende a Antonio Albarracín ha tenido un contacto estrecho con un positivo de Covid-19 . Por lo tanto, el tribunal ha suspendido la sesión de hoy y ha dado permiso al abogado para ausentarse hasta sometere a la prueba del coronavirus.
El juicio continúa mañana con el final del interrogatorio de Barrero y después será el turno de Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo de la Junta.
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