Caso ERE: Ex altos cargos de la Junta de Andalucía quieren ser enjuiciados por otro ex alto cargo

Los exconsejeros Antonio Fernández y Carmen Martínez Aguayo , entre otros exaltos cargos procesados por la pieza política del caso ERE, se han convertido en los principales valedores del juez Pedro Izquierdo Martín para que se quede al frente del tribunal que debe juzgarlos. Sus defensas han presentado escritos ante la Audiencia Provincial de Sevilla oponiéndose a la recusación de Izquierdo, que fue elegido ponente del tribunal en un sorteo realizado por la Sección Primera que él preside. También han rechazado la recusación los letrados del exinterventor general y de un exdirector general de IDEA , la agencia pública que pagaba las ayudas irregulares de los ERE.

En sus escritos , a los que ha tenido acceso ABC, los letrados argumentan que el hecho de éste haya ostentado dos cargos en la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía durante seis años (2008/2014) no lo inhabilita en ningún caso para enjuiciarles ni a ellos ni a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Pedro Izquierdo ha sido recusado por el sindicato Manos Limpias y el PP andaluz bajo el argumento de que ha perdido «la apariencia de imparcialidad» y recuerdan su currículum como ex alto cargo autonómico, con rango de viceconsejero, bajo la presidencia de los dos principales acusados.

La defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo , rebate la recusación presentada por Manos Limpias con el argumento de que Izquierdo ha ido resolviendo recursos del PP y otras acusaciones en relación a la causa de Formación que instruye la juez María Núñez , sin que el citado sindicato, que ejerce como acusación popular, pusiera objeción alguna o entendiera «en modo alguno comprometida la independencia e imparcialidad» del mismo magistrado, «de intachable trayectoria ». El abogado, muy crítico con la atención mediática que suscita este caso, afirma que «por mor de esa permanente divulgación», de forma artificiosa la opinión pública se «ha instalado ya en la (descabellada) idea de que tal vez el caso de los ERE sea juzgado por un agradecido correligionario político amigo de los acusados».

El letrado de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo , Víctor Moreno, sostiene que «la mera designación del magistrado como secretario para la Justicia a propuesta de la consejera [...] no revela por sí misma ninguna relación de amistad con algunos de los acusados».

En otro fundamentado escrito, el abogado Juan Carlos Alférez , que representa a un exdirectivo autonómico, afirma que «el mero hecho del nombramiento» de Izquierdo para la Secretaría General de Justicia «no puede ni debe ser en abstracto y per se causa de recusación» y advierte que ni PP ni Manos Limpias aportan «indicios de prueba» . Para apuntalar su tesis, trae a colación el caso de otro magistrado ex secretario general de Presidencia en la Generalitat Valenciana cuya recusación fue tumbada por el Tribunal de Justicia de esta comunidad. Añade que el cargo que ocupó en Justicia «no guarda relación» con el objeto del proceso y era un puesto técnico.