Caso ERE: a Acyco le garantizaron las ayudas de la Junta de Andalucía «a coste cero»

S. A.

09/11/2020
Actualizado 10/11/2020 a las 12:14h.

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Un abogado del bufete que trabajó en el ERE de Acyco, financiado por la Junta de Andalucía, garantizó a la empresa de Dos Hermanas que le conseguiría esas ayudas «a coste cero», según el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Así lo ha asegurado este lunes el agente que dirigió la investigación, quien ha comparecido ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla durante la duodécima sesión del juicio por los 2,9 millones de euros que la Administración andaluza concedió a la mercantil.

El testigo ha explicado que el acusado José Miguel Caballero, que entonces trabajaba en el despacho de abogados Garrigues, contactó con Acyco, le ofreció sus servicios para tramitar el ERE y propuso que la tomadora de la póliza no fuese la empresa sino la Asociación 3 de Julio, que agrupó a los 35 trabajadores que iban a ser prejubilados. A través del representante de Garrigues, según el guardia civil, también participó en el proceso la consultora Vitalia.

El investigador ha reconocido que alcanzó estas conclusiones por la documentación de la causa y los testimonios de Poto y Barrero, aunque en la fase inicial de la instrucción no contrastó estas declaraciones con Caballero u otros miembros del bufete.

Según el agente, tanto la presidenta de Acyco, Encarnación Poto, como el director de personal, Gabriel Barrero, «desde el inicio eran conocedores» de que la Junta pagaría la póliza de prejubilaciones.

En este sentido, Poto admitió que habían celebrado «reuniones previas» con el entonces director general de Trabajo, el recientemente fallecido Francisco Javier Guerrero, en las que participó Caballero. A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, el testigo ha señalado que no hubo ninguna petición formal de ayuda de Acyco a la Junta, ninguna resolución de Trabajo sobre su concesión y ningún documento que reflejara alguna actuación del interventor general de la Administración andaluza.

También ha relatado que, al conocer que había dos intrusos entre los beneficiarios de las prejubilaciones, Poto ordenó a Barrero que se lo comunicase a Garrigues, a lo que el despacho le respondió que se pondría en contacto en Vitalia para resolver esa «incidencia», aunque en la documentación de la consultora «no hay ninguna comunicación al respecto». Para pagar las pólizas individuales de estas dos personas, uno encausado y otro fallecido , «se desviaron» fondos de la póliza de renta colectiva, ha dicho.

El investigador, asimismo, ha confirmado que la Junta «no respetó en absoluto los plazos de pago» de la póliza, por lo que siete socios de Acyco tuvieron que anticipar 210.000 euros para abonar la primera cuota.

En cuanto a Poto, ha narrado que «siguió ejerciendo el mismo cargo» cuando se benefició de la prejubilación, por lo que también cobró «dietas» por asistir a los consejos de administración.

Respecto a la presunta deuda de Acyco o la Junta con Garrigues, que derivó en una reclamación civil del bufete a la que no accedió el investigador, este ha dicho que «para evitar el escándalo se articuló» en 2010 «la concesión de otra ayuda que coincide con la cantidad adeudada», algo más de 82.000 euros que se hicieron pasar por «una ayuda de carácter excepcional para el mantenimiento de 144 puestos de trabajo».

En este caso, ha indicado, tampoco tuvo acceso a «ninguna documentación» más allá de «la resolución de la materialización del pago», firmada por el director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera.

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