CORRUPCIÓN
El caso ERE se abona a la prescripción de los delitos
La juez Núñez ha archivado 33 piezas de ayudas que suman 4,75 millones no por falta de delitos sino porque éstos se persiguieron muy tarde
Archivar y prescribir. Son los verbos que más se conjugan últimamente en el caso ERE. Uno de los mayores sumarios de corrupción que se investigan en España por número de imputados (cerca de 300) y por la cuantía de fondos públicos supuestamente defraudados (741 millones de euros) se ha convertido en terreno abonado para la prescripción de los delitos.
Con el argumento de que ha pasado demasiado tiempo desde que se cometió el supuesto delito hasta que éste comenzó a perseguirse, la juez María Núñez Bolaños ha decretado el sobreseimiento de piezas desgajadas de la causa matriz de los ERE que afectan a 33 ayudas irregulares concedidas por la Junta de Andalucía a empresas y entidades públicas desde marzo de 2016, según los datos recopilados por ABC.
El reparto ilegal de un total de 4,75 millones de euros —lo que suman las 33 subvenciones— dejará a sus presuntos responsables penales sin castigo. La tardanza en citar como imputados a los beneficiarios de ayudas está detrás de estos archivos. El efecto jurídico es inmediato: se libran de toda responsabilidad penal y el delito queda impune . Pero no están exonerados de devolver el dinero a la Junta de Andalucia, que puede seguir reclamándolo recurriendo a los juzgados de lo Contencioso-administrativo.
La malversación de fondos públicos prescribe a los 10 años para ayudas inferiores a los 450.000 euros
Al igual que en el resto de los fondos públicos repartidos por la Junta entre empresas en crisis y trabajadores afectados por despidos, se trata de ayudas concedidas de manera opaca —no se les daba publicidad en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía— y arbitraria —se daban sin norma ni requisitos—, que se distribuyeron sorteando los controles a los que está sometido el dinero público directamente gastado por las consejerías.
El reloj de la prescripción se detiene en el momento que la juez inicia una investigación contra una determinada persona. Los delitos prescriben a los 10 años en el caso de la prevaricación, y a los 10 o 15 años dependiendo de la gravedad de la supuesta malversación de fondos públicos, que marcada por su cuantía.
El listón de la gravedad de este delito lo puso la Audiencia Provincial de Sevilla en un auto determinante para la instrucción del caso ERE que dictó el 7 de marzo de 2016. Respaldando el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la Sección Séptima de la Audiencia estableció que verán prescritos sus delitos todos los empresarios o entidades que obtuvieron una ayuda inferior a 450.000 euros con cargo a la partida 31L o «fondo de reptiles» y que fueron imputados más de diez años después de la fecha del último pago de la Junta.
Siguiendo esta doctrina, sólo durante el último mes la juez Núñez ha dado carpetazo a catorce piezas separadas de esta causa abierta hace más de ocho años que afectan a otras tantas ayudas. En la mayoría de los casos, se trata de investigaciones iniciadas un mes antes, que se archivan por caducidad de los delitos en un tiempo récord, antes de emprender alguna pesquisa. Pasan de su incoación a su sobreseimiento sin mediar ningún otro trámite y ninguna pesquisa.
Sólo en el último mes la juez Núñez ha archivado catorce piezas del caso ERE al caducar los delitos
Es lo que ha sucedido, por ejemplo, con la pieza que abrió el 27 de marzo pasado relativa a la ayuda excepcional de 60.000 euros concedida a la Fundación Internacional para la Protección y Difusión del Arte en marzo de 2004 y abonada dos años después. La Justicia también ha llegado tarde para las subvenciones entregadas a María Coraje (66.000 euros), Muebles DAC (150.253); Inlacode SL (180.303) y Gitanos de Jerez (64.596), cuyas diligencias se incoaron en marzo. Todas fueron archivadas apenas un mes después, el 25 de abril, por los que la magistrada declaraba prescritos los delitos de prevaricación y malversación aplicando la tesis de la Audiencia de Sevilla.
De la persecución tardía del delito se han beneficiado, además, ayuntamientos, en su mayoría gobernados por el PSOE, que se nutrieron de este fondo destinado en teoría a ayudar a empresas en crisis. Los archivos por prescripción de los hechos delictivos afectan a los municipios de Chiclana de la Frontera, La Barca de la Florida, Santiponce, Camas y La Puebla del Río .
La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños , heredó esta causa de la magistrada Mercedes Alaya . La anterior responsable de este órgano judicial abrió estas diligencias previas el 19 de enero de 2011 y el 16 de junio de 2015 fue sustituida por Núñez tras ganar una plaza en la Audiencia.
Demora de la instrucción
La nueva instructora comenzó a despiezar la macrocausa troncal, a la que crecieron tantas ramas como entidades se beneficiaron de ayudas (en torno a 270). Desde 2016 hasta ahora, sólo ha llegado a juzgarse una de las piezas relativa al diseño y mantenimiento del procedimiento específico con el que la Administración entregó el dinero entre 2000 y 2010. Otras cuatro piezas separadas están aún pendientes de enjuiciarse (Surcolor, Acyco, Cenforpre y las empresas de Juan Francisco Trujillo, chófer del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero ).
Sobre el resto de piezas, hay de todo: instrucciones que están en marcha, piezas que están «estancadas» —según han advertido la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el PP andaluz— y otras muchas que han terminado en un auto de archivo, ya sea porque el plazo para exigir la responsabilidad penal se ha extinguido, ya porque la juez, que está reescribiendo el relato del caso ERE , afirma que hay personas imputadas que, «lejos de poder ser consideradas delincuentes, podrían ser consideradas víctimas». Secundando el criterio de la Audiencia, Núñez ha excluido de las piezas a todos los ex altos cargos investigados.
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