Andalucía
La Cámara de Cuentas cuestiona la eficacia de la gestión de la Junta socialista en política de inmigración
La fiscalización del Plan Integral 2014-2016 demuestra que dejó sin ejecutar una cuarta parte de los 1.20o millones previstos
El informe critica la falta de unidad y homogeneidad en la formulación de los objetivos y sus medidas de actuación
El informe de la C ámara de Cuentas de Andalucía para la fiscalización del III Plan Integral para la Inmigración que gestionó la Junta de Andalucía entre los años 2014 y 2016 con un presupuesto superior a los 1.250 millones de euros detecta deficiencias en la coordinación, duplicidades, solapamientos y falta de claridad en los objetivos del plan, además de la incapacidad por ejecutar un total de 335 millones para las políticas de inmigración en el trienio.
El informe de fiscalización difundido este jueves pone en evidencia que «la dispersión y amplitud de objetivos y medidas que contempla el plan reduce la eficacia del gasto» y que el anterior Gobierno de la Junta demostró «una ausencia de coordinación y participación conjunta a nivel de planificación y ejecución presupuestaria que ha afectado a la asignación de los recursos y su uso eficiente».
La Cámara de Cuentas ha constatado que los diferentes centros gestores y directivos no disponían de un adecuado conocimiento del conjunto de las áreas y objetivos del Plan, a pesar de tratarse de un plan con carácter transversal.
El Plan integral incluía 524 indicadores , «un número excesivamente elevado», según el informe de la Cámara. Esto hacía que «no fueran manejables, dificulta su uso y en ocasiones no aportan valor añadido", añaden. Del total de medidas, el 63,5 por ciento se ejecutaron, un 2,3 por ciento se hizo parcialmente y el 34 por ciento no se ejecutó . En relación con los objetivos un 18 por ciento no se cumplieron y un 35 por ciento sólo se alcanzó parcialente.
Prueba de la negativa gestión del Plan es que se detecta una desviación de 335 millones que no se ejecutaron de un presupuesto estimado en 1.257 millones. Del total ejecutado, un 97 por ciento responde a algún tipo de cálculo o estimación, frente a solo un 2,72 por ciento que se identifica con obligaciones reconocidas en los presupuestos de los centros gestores.
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