«Uno de cada cinco detenidos tiene un trastorno mental»
Entrevista con Fernando Santos Urbaneja, fiscal para personas discapacitadas en Andalucía
Fernando Santos asegura que su actividad como fiscal es atípica porque, en vez de centrarse solo en los procedimientos penales, cree en el servicio público, la defensa de los derechos y la vía civil como arma para resolver conflictos, sobre todo en el caso de los discapacitados.
—Las personas que conviven con discapacidad, ¿suelen tener más problemas con la Justicia?
—Si es una discapacidad psíquica eso no suele generar ningún problema. Pero si se mezcla una discapacidad unida a un trastorno mental o de conducta, sí. Con un trastorno de personalidad límite, con brotes violentos, con patologías de este tipo, sí hay complicaciones.
—¿En Andalucía se trata correctamente a estas personas?
—Hay un déficit de atención. Salud Mental muchas veces no les atiende y por eso suelen tener crisis que son una reacción por falta de cuidado y que pueden acabar en un proceso judicial, además de la peor manera:son detenidos y conducidos al Juzgado de Guardia, donde se enfrentan a un juicio rápido.
—¿Llegan siempre así ante un juez?
—Cuando se les detiene se les suele acusar siempre de dos delitos: atentado a la autoridad o lesiones, dependiendo de si a quién agrede es a un agente de la autoridad, un policía o un guardia civil o si es a un familiar. A veces pasa que se le unen los dos delitos, porque el brote violento se produce con un familiar, al que agrede, da un empujón y luego, cuando llega el policía, igual.
—Pero si se pone violento puede parecer comprensible la detención...
—Eso es no entender lo que pasa. En la reanimación de la anestesia el paciente se revuelve y puede agitarse, pero nadie ve delito en una posible agresión en ese momento. Igual pasa con esta población. No hay intención de agredir, no es un problema delictivo, es un problema sanitario.
—¿Cómo se convierte entonces en un problema judicial?
—La Policía tiene dos grandes funciones: por un lado, la persecución del delito y, por otro, la protección del ciudadano. La Ley establece que cuando se detiene un ladrón, cuando se actúa en el ámbito penal, el agente tiene que levantar un atestado que va al Juzgado y supone una denuncia. En el ámbito civil, cuando por ejemplo un agente ayuda a una persona extraviada, se levanta un acta, lo que no va al Juzgado ni inicia un proceso judicial. Es lo que se debería hacer con este colectivo. Tratarlo por la vía civil, no por la penal.
—¿Y los agentes no lo hacen?
—Hace tiempo que pedimos que se forme a los agentes en estos asuntos. Aunque hay cada vez más agentes que lo hacen bien, sigue habiendo quien no. El Ministerio del Interior manda circulares sobre menores, sobre extranjeros... Pero aún no hay para la población de personas con psicodeficiencias.
—¿Entonces no recomienda a las familias llamar a la Policía cuando hay un brote violento de estas personas?
—A veces es inevitable. La familia siempre pide un centro donde llevar al afectado, nunca piden un procedimiento judicial en el que, además, en 36 horas máximo van a tener una sentencia.
—¿Se refiere a los juicios rápidos?
—Eso es. El juicio rápido es como el AVE, un tren que pasa muy rápido y nadie se entera. No hay tiempo de ver quién va dentro, de analizar. No sé quién ha dicho que la velocidad es buena para la Justicia. No digo que tenga que haber instrucciones de tres años de duración, pero la rapidez, tampoco.
—¿Perjudican estos procesos «acelerados» al colectivo de personas con problemas mentales?
—El índice de personas que tienen enfermedades mentales y psicodeficiencias y que llegan a la cárcel se ha multiplicado por tres desde que hay juicios rápidos.
—¿Antes no era así?
—Antes de los juicios rápidos se tardaba seis u ocho meses en la instrucción de un caso. Así daba tiempo a detectar un problema mental y actuar. Ahora, con la velocidad no distinguimos la voz del eco. No vemos los problemas mentales, no se detectan. Se ven ya en prisión, y ahí ya es más difícil reencauzar.
—¿Faltan plazas públicas en Andalucía para atender a este colectivo?
—Hay deficiencia de plazas, sí. En Andalucía hay deficiencia, pero en otros sitios es que directamente no hay.
—¿Y en Andalucía cuántas plazas hacen falta?
—Aquí se crearon centros de psicodeficiencia, pero no es suficiente. Hacen falta 200 plazas más para psicodeficientes, no atendemos a la demanda.
—¿Tardan mucho en llegar a ese recurso las familias andaluzas?
—La espera es de dos años aproximadamente para acceder a una plaza. Y esto no puede esperar. La carga para la familia es tan grande que esto desborda a cualquiera.
—¿Se criminaliza a estas personas?
—Son gente que necesitan rutina, calma, orden. Y cuando se les cambian esas cosas, deriva en agresividad. Científicamente es así. Esa agresividad no es delictiva.
—Pero, ¿cómo se distingue cuando una persona tiene un problema mental a la hora de acudir a un altercado?
— Habrá casos en que la familia comunique a la Policía que la persona agitada es, por ejemplo, autista, y que está agitado. Hay otros casos en los que la gente lo sabe, se ve. También hay casos en los que se puede intuir. Eso no es agresividad directa. Además se puede interpretar el comportamiento de la persona que se ve agitada.
—Pero la Policía igual no sabe o no puede interpretar el estado mental de una persona.
—Se puede entender que el policía diga que no acude a una llamada para interpretar, que no tiene tiempo para hacer eso. Entonces se llevan detenida a la persona con psicodeficiencias a la comisaría. Ahí ya hay tiempo para interpretar. Pero tampoco se hace. Y eso que ahí ya hay un abogado, se podría llamar a un médico... Y después se llega al Juzgado de Guardia. Está el juez y un médico forense. Aun así no se detectan los problemas mentales. Aquí todo el mundo pega una patada para alante con este colectivo.
—¿Cuándo se detecta entonces?
—Yo tengo la impresión de que cuando de verdad se ven las cosas es durante el juicio. Ahí se puede ir al detalle. Pero ya no hay juicio. Es tan rápido que no hay juicio. En algunas ocasiones es una negociación entre el bogado y el fiscal defensor. Eso se puede hacer en el pasillo del Juzgado o en un despacho. El juez, a veces, solo recibe una nota en la que dice que hay acuerdo.
—¿Los delitos más frecuente en personas con problemas mentales son las agresiones?
— Sí, Los brotes de agresividad son el delito más numeroso de este colectivo. Estudios muestran que el 16% de los detenidos tienen problemas psíquicos. Una de cada cinco personas que se van a detener hoy en Madrid, La Coruña, Córdoba o Valladolid tienen un trastorno mental. El 83% son acusados de maltrato a la familia o atentado contra la autoridad. El otro 17%, de otros delitos como robo o agresión sexual.
—¿Cree que se culpa a la víctima?
— Si una casa se cae es porque no se ha mantenido, no se ha atendido. Dicho de otro modo:cuando una bomba estalla, nadie culpa a la bomba. ¿Quién ha puesto la bomba? ¿Quién ha llevado a una persona con discapacidad psíquica, con problemas mentales, a esa situación violenta?
—¿Cómo se puede atener a este colectivo correctamente entonces?
—Cumpliendo lo que dice la ley dice: asistencia en Salud Mental para asuntos menores y, para los más graves, atención domiciliaria. Eso está en la Ley desde 1986. Lo que pasa es que no se cumple. La mayoría de los equipos de salud mental se niega a trabajar fuera de su despacho. Es como si los bomberos se oponen a apagar fuegos que estén fuera del parque de bomberos. Un sinsentido.
—¿Cree que la gente conoce esta realidad que describe?
—Todos estamos encantados de la película «Campeones». Yo invito a quien quiera a que venga conmigo a prisión a ver a estas personas con discapacidad. A visitar a estos otros campeones. No van porque son vergonzantes, no salen en el cine. Pero sufren y tienen madres que también lo pasan mal.
—¿Qué se puede hacer una vez que los discapacitados están en la cárcel?
—Hay un programa de atención integral al enfermo mental en prisión. Son módulo específicos, que normalmente están en la zona de enfermería. Es pasar del horror absoluto de un módulo común a uno específico.
—¿Faltan psiquiátricos penitenciarios en Andalucía?
—En España hay tres. En Andalucía solo uno, el de Sevilla. Pero en casi todas las prisiones se ha creado un módulo específico y es un gran avance.
—¿Trabajan con las personas con problemas mentales que están ya presas?
—A veces conseguimos que pasen a tercer grado y vayan a un centro de inserción social. Pero siguen en el ámbito penitenciario. Además, en los últimos seis meses de la condena en prisión se trabaja con servicios sociales que ayuda al preso y a la familia a preparar su vuelta a casa.
—Además de con los módulos especiales, ¿se necesitan más plazas?
—Con los tres centros penitenciarios psiquiátricos se cubre la demanda de solo el 15% de la necesidad de plazas que hay. Antes se cubría toda esa demanda con un solo centro pero se ha multiplicado. Debería haber 10 o 12 centros psiquistricos penitenciarios.
