Los bares de Andalucía deberán facilitar a sus clientes la comida que les sobre en un envase reciclable

La Junta de Andalucía ha dado rango de norma a una estrategia que va más allá del simple proceso de reciclaje, ya que incluye desde campañas de sensibilización ciudadana hasta cambios en los sistemas de producción de las empresas. También va a determinar las futuras contrataciones de las administraciones públicas, al primar a los proveedores que emplean la energía renovable y circular, los servicios de pago por uso frente a la adquisición de productos y, si no queda más remedio que optar por lo segundo, se apuesta por los fabricados con materias primas secundarias o materiales reciclados. Todas estas disposiciones han tomado cuerpo en el proyecto de Ley de Economía Circular, un texto que este jueves se enfrenta a su primera prueba de fuego en el Parlamento andaluz, que debe convalidarlo.

El proyecto, inspirado en la normativa europea y la estrategia del Gobierno central, traza el camino para la transición hacia un nuevo modelo de protección ambiental que aprovecha los residuos, alarga la vida de los productos y reduce el consumo de materias primas . Afecta de manera directa a los ciudadanos y las entidades locales. En «el plazo máximo de dos años» desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos con una población superior a los 5.000 habitantes deberán disponer de un plan local de economía circular aprobado . Los pueblos menos poblados tendrán cuatro años. Significa que deberán limitar el volumen de desechos que acaban en vertederos y disminuir su poder contaminante mediante la recogida por separado.

A partir de 2030 «todos los residuos aptos para el reciclado u otro tipo de valoración, en particular los municipales, no serán admitidos en vertederos», salvo que no exista alternativa. Los tiempos están muy tasados en la ley. Para 2025 el 55% en peso de los desechos municipales deberán ser reutilizados y reciclados. En el caso del papel metales, plástico, vidrio, biorresiduos de origen doméstico, antes del 31 de diciembre de 2023 debe estar implantada la recogida separada. En los residuos textiles, antes de 2026 y en los aceites de cocina, al final de 2025.

No se trata sólo de reciclaje. El concepto de economía circular abarca mucho más. La Junta se compromete a reducir los desechos de comida y adquirir productos frescos , de temporada o con un ciclo corto de distribución en los contratos de hostelería, catering y restauración en los colegios, además de firmar convenios con entidades sociales para la donación de los excedentes. Los bares y restaurantes « deberán facilitar de forma gratuita a los clientes que lo soliciten, los alimentos que hayan abonado y no hayan consumido en envases compostables». En los eventos públicos, incluidos los deportivos, «se implantarán alternativas a la venta y distribución de bebidas envasadas y un sistema de depósito, devolución y retorno o recogida separada para evitar el abandono de envases».

La norma promueve la reutilización de agua para usos agrícolas, industriales, recreativos y ambientales a través de incentivos para el empleo de agua regenerada y rebajas fiscales para empresas , domicilios y comunidades de vecinos que incorporen sistemas de compostaje de biorresiduos como restos de comida y plantas. En los proyectos de urbanización de calles se primarán los pavimentos «permeables» y la recuperación de aguas pluviales.