El Ayuntamiento de Sevilla tardó cuatro días en avisar a la Junta del chorizo «fantasma»
Salud conoció que se estaban vendiendo estos embutidos a través de una cadena comercial
El Ayuntamiento de Sevilla tardó cuatro días en informar a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de que había hallado productos elaborados por la empresa causante del brote de listeriosis que no habían sido incluidos en la alerta sanitaria. Magrudis S.L. no informó previamente de que había estado vendiendo dos tipos de chorizo, uno dulce y otro picante, a las autoridades municipales. Mantuvo en el mercado un producto «con un grave riesgo de transmisión de listeria, lo que puede suponer un grave riesgo para la salud de los consumidores», expone la Consejería de Salud en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía. Pero el Ayuntamiento hispalense conocía de forma fehaciente desde el pasado día 24 que se estaba distribuyendo al menos uno de estos embutidos porque inspectores municipales habían inmovilizado 250 gramos de chorizo tipo dulce elaborados por Magrudis en un centro de una cadena comercial de la capital sevillana. Así aparece en un acta de inspección de dicha fecha que la Junta de Andalucía adjunta a la denuncia contra la empresa que presentó ayer en la Fiscalía.
En el escrito que salió del registro de la Consejería de Salud el pasado miércoles, al que ha tenido acceso ABC, la Administración autonómica asegura que se enteró de que se estaba comercializando un producto que había escapado a la prohibición porque la cadena comercial facilitó a la Dirección General de Salud Pública el acta emitida por los inspectores sanitarios del Ayuntamiento.
Dicha información «no ha sido trasladada a la autoridad sanitaria, que es la Dirección General por parte del Ayuntamiento tal y como se le ha solicitado reiteradamente, por lo que a fecha de hoy no existe conocimiento oficial de dichas actuaciones por parte de la administración encargada de las inspecciones sanitarias», advierte Salud en su denuncia.
Entre el 21 y el 23 de agosto la Junta amplió a otros nueve embutidos de Magrudis la declaración de alerta sanitaria
El propio Ayuntamiento de Sevilla reconoció ayer en un comunicado que fue el pasado miércoles, es decir cuatro días después del acta del inspector municipal, cuando, «en el marco del análisis de la documentación recabada por los inspectores durante los últimos días, se detecta que se han retirado de establecimientos unidades de chorizo de la marca Magrudis que contradicen la primera información aportada por la empresa en el sentido de que ya ni fabricaba ni comercializaba estos productos». Esta información «se compartió ese mismo día con los responsables técnicos de la Junta de Andalucía», explica la nota municipal.
Entre el 21 y el 23 de agosto la Junta amplió a otros nueve embutidos de Magrudis la declaración de alerta sanitaria que había emitido el 15 de agosto sobre la carne mechada, foco del brote de listeriosis que acumula 197 casos confirmados sólo en Andalucía.
La paralización de la producción y comercialización afectaba al chicharrón andaluz, el lomo al jerez, el lomo al pimentón, el lomo casero al pimentón, la crema de carne mechada, la manteca colorá, la pringá, la zurrapa de hígado y la zurrapa de lomo . Escaparon a la prohibición el chorizo casero y el chorizo ibérico, porque, aunque aparecían en el catálogo de productos en el portal de Internet de la empresa, ni la Junta ni el Ayuntamiento tenían constancia de que se estuvieran vendiendo.
Cordeles de chorizo
A partir del pasado miércoles, la Junta de Andalucía manda a sus inspectores a la empresa. Una vez allí descubren «cordeles propios de elaboración de chorizos». Ante la evidencia de los hechos, el gerente de Magrudis, José Marín, confiesa que «hace algún tiempo elaboraba chorizo en pocas cantidades y que efectivamente lo distribuía» a una gran superficie.
Al cotejar la documentación, los técnicos de Salud descubren que la empresa había estado fabricando 49,88 kilos de chorizo herradura dulce el pasado 25 de julio y 130 kilos del chorizo picante entre junio y julio. Esta información la trasladaron a la Fiscalía porque «se pudiera derivar un delito contra la salud pública».
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