Aumentan los fallos a favor de los herederos y los ayuntamientos denuncian «inseguridad jurídica»

El concejal de Economía, Carlos Conde , asegura a este periódico que las plusvalías -ya sean «mortis causa» o intervivos, son un impuesto «tocado de muerte» que, además, está siendo atacado por todos los juzgados. Su complejidad y las dificultades que tiene su aplicación, subraya, están provocando que, cada vez más, los jueces fallen a favor de los recursos interpuestos por los herederos, sobrepasados en muchos casos, por un desembolso económico inesperado e «injusto» a ojos de la opinión pública.

Esto no solo supone un perjuicio económico para los ayuntamientos, sino que también les deja en una situación de inseguridad jurídica . «No podemos olvidar que esos impuestos financian nuestras políticas y la complejidad de este tributo a nivel judicial se nos puede venir muy en contra ». Modificar la fiscalidad puede variar en gran medida la capacidad de los ayuntamientos para ajustar sus presupuestos. Si ya de por sí, otros tributos se recaudan a niveles bajos, eliminar el IIVTNU supondría un varapalo millonario para las arcas municipales .

Conde coincide en que es un impuesto que genera controversia porque no es una transmisión voluntaria de un bien , sino una situación que puede sobrevenir. «Cada vez tiene más detractores porque es un impuesto que te llega cuando menos te los esperas y puedes tener capacidad económica o no para llevarlo a cabo», critica Carlos Conde, quien insiste en que su eliminación no puede producirse sin compensar a los ayuntamientos o suplirlo con otra cuestión.

Precisamente por ello, cree que el Gobierno central va a verse obligado a reaccionar ante el drama de las plusvalías . Recuerda que la Federación Española de Municipios y Provincias viene solicitando al Ejecutivo desde hace ya varios años que se modifique, o incluso se elimine, este tributo, que es estatal, pero recaudan los ayuntamientos.

Hasta en 16 ocasiones aplazó el Gobierno el debate de las enmiendas a la modificación del impuesto en el Congreso. Con el fin de la legislatura, el proceso vuelve a empezar. «Es una cuestión que están exigiendo todos los municipios. Aunque lo recaudamos, nosotros no hemos creado el problema» , sostiene.