Las auditorías de los entes paralelos de la Junta de Andalucía se dividen en 16 lotes
Los primeros informes estarán listos en la primera mitad del próximo año
«Proponíamos un cambio y Andalucía quiere cambio y va a tener cambio», proclamó la noche del 2 de diciembre Juanma Moreno, pletórico porque las cuentas le salían para gobernar con Ciudadanos y el apoyo de Vox . Está a punto de cumplirse un año desde las autonómicas que acabaron con casi 37 años de monopolio del PSOE y ahora le toca demostrar que, en efecto, el cambio ha llegado a «esa máquina de enchufismo», como el candidato del PP-A llamó en la campaña electoral a la «administración paralela» de la Junta.
Tras un primer análisis a través de la Intervención General, el Gobierno andaluz está a punto de aprobar en el Consejo de Gobierno el proceso de contratación de consultoras privadas para realizar una auditoría que abarque la totalidad del sector público instrumental, que emplea a 25.930 personas .
Fuentes del Ejecutivo avanzaron a ABC que las entidades que se van a analizar se han agrupado en 16 lotes atendiendo a la actividad que realizan: servicios sociales, comunicación, medio ambiente, educación, innovación o turismo. La intención es que las auditorías, que se van a licitar en breve, se lleven a cabo a lo largo de 2020 , de tal modo que los primeros análisis estén terminados en el primer semestre del próximo año, al objeto de agilizar la toma de decisiones.
Doce agencias públicas
A finales de abril, la Junta desveló el resultado de doce agencias públicas empresariales encomendadas a la Intervención General, un primer paso dado con más precipitación que efectividad para cubrir el expediente de una promesa electoral. El Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos aborda ahora una auditoría del conjunto de agencias , sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios públicos, cuya gestión ha estado rodeada de opacidad. Su fiscalización constituye una de las principales condiciones que ha puesto el grupo de Vox en el acuerdo firmado para desbloquear los prespuestos de la Junta para 2020.
El objetivo es simplificar la administración, adelgazar su estructura y eliminar duplicidades. Los plazos de entrega de los informes de fiscalización serán variables y dependerán del tamaño de cada ente instrumental, de tal manera que el bipartito recibirá primero los de las entidades más pequeñas y progresivamente el resto.
Tres millones de euros
El proceso de contratación de firmas privadas se realiza bajo la supervisión y control de la Intervención General de la Junta y se analizarán aspectos como su eficacia y economía, conforme a las normas de auditoría del sector público. El presupuesto de la licitación supera ligeramente los 3 millones de euros, incluyendo el IVA.
Desde el Gobierno andaluz destacan que la Junta de Andalucía es la primera administración pública española que realiza una radiografía tan profunda de todo su sector instrumental. El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde conviven 3.467 empleados de variada procedencia y regulados con 14 convenios colectivos diferentes, constituirá un único lote. También compondrán un solo paquete la Agencia IDEA, epicentro de los distintos escándalos de corrupción de los últimos años (caso ERE, Invercaria o Avales), junto a la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), que gestiona el servicio de inspección técnica de todos los vehículos (ITV) en la comunidad autónoma.
De los 16 lotes, una sola empresa se puede encargar de hasta cuatro. Por tanto, habrá un mínimo de cuatro adjudicatarias y un máximo de 16.
Sus resultados serán evaluados por un grupo de trabajo dependiente de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en manos del vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos), que deberá tomar las decisiones a partir de las recomendaciones recogidas en los informes.
La primera auditoría de la Intervención General de la Junta, circunscrita a doce agencias empresariales, se limitó a repetir los vicios administrativos que ha puesto de manifiesto la Cámara de Cuentas de Andalucía en sus informes. Su principal aportación fue cuantificar sus empleados: son 9.461, de los cuales sólo 498 son funcionarios. De éstos, el 94% trabajan en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia. Esta primera fotografía del sector público desveló que no están bien delimitadas las competencias que desarrollan las agencias y las consejerías a las que están adscritas, lo que propicia duplicidades innecesarias.
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