TRIBUNALES
La Audiencia verá la recusación de la juez Núñez por las grabaciones
l Consejo del Poder Judicial deriva la denuncia presentada por el PP sobre los cursos de formación al órgano provincia
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha declarado incompetente y ha derivado la petición del PP para la recusación de la juez Núñez, en lo que concierne a las grabaciones de los cursos de formación, a la Audiencia Provincial.
El PP planteó días atrás «formalmente» la recusación de la juez María Núñez Bolaños por negarle, a raíz de un recurso, la certificación o testimonio de las grabaciones audiovisuales de unas declaraciones de interventores de la Junta de Andalucía que podrían comprometer su instrucción del caso Formación. Según el PP, tendría que haberse abstenido, por cuanto la competente es la secretaria judicial.
Los populares tenían interés en incorporar las grabaciones al expediente informativo abierto por el CGPJ por una supuesta infracción disciplinaria, por la «filtración» del futuro archivo de la «pieza política» de la causa.
Fuentes jurídicas consultadas por ABC señalaron que a partir de ahora y tras la decisión del CGPJ, la magistrada se tiene que dar por recusada y debe iniciar el procedimiento, absteniéndose a partir de este momento de dictar cualquier resolución vinculada a ese episodio y darle traslado a las partes por si alguna de ellas tiene algo que alegar.
El paso siguiente es el pronunciamiento de la juez sobre si existe o no causa de abstención, y si la magistrada mantiene su postura, tendrá que resolver la Audiencia. «En ningún caso se ha resuelto sobre el fondo, sino que únicamente se ha dirimido sobre qué órgano es el competente para resolver la recusación», subrayaron las citadas fuentes.
Por otra parte, la juez ha atendido la petición realizada por el PP-A y ha incorporado al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos un total de 19 atestados elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En una providencia fechada el pasado 4 de octubre, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla responde así al escrito en el que el PP-A le solicitaba, entre otras cosas, que incorporara a la causa todos los atestados de la Guardia Civil «que nos consta que se han remitido al Juzgado».
En este mismo escrito, el PP-A explicaba que el pasado mes de julio la juez acordó la formación de una decena de piezas separadas y advertía de que «han transcurrido más de dos meses desde el dictado de dichas resoluciones sin que se haya ejecutado lo acordado en las mismas, con las dilaciones indebidas que ello supone y el riesgo de prescripción de los hechos que se imputen a los que resulten investigados en las mismas».
Por ello, solicitó a la instructora que «se dicten de manera inmediata las resoluciones que fuesen necesarias para que, en ejecución de lo dispuesto, se incoen las correspondientes diligencias previas, incorporando todos los atestados de la UCO que nos consta que se han remitido al Juzgado y fijándose un calendario de declaraciones a fin de instruir a todos los investigados» de lo preceptuado en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Se trata de piezas separadas que afectan a distintos ayuntamientos de la provincia de Sevilla -como San Nicolás del Puerto y Alcolea del Río--, a una treintena de empresas de la Sierra Norte y a otras empresas como Río Grande, Calderinox o Faja Pirítica de Huelva.
Pues bien, la juez señala que por medio del auto en el que acordó la división de la causa en piezas separadas, también estableció que los nuevos atestados que se recibieran se incoarían como nuevas diligencias previas, un pronunciamiento que fue recurrido por la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia Provincial, que confirmó el pasado 8 de agosto la decisión de la instructora.
«Recibido el auto de la Audiencia Provincial, esta oficina judicial se ha puesto a realizar las labores materiales necesarias para la incoación de dichos atestados», de manera que «próximamente se verán los resultados», argumenta la magistrada.
En este sentido, la juez acuerda «unir en formato digital» y dar traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas «a los efectos legales oportunos» de 19 atestados de la Guardia Civil que «no aparecen incorporados», y que versan sobre ayudas a empresas como Zoilo Ruiz Mateos S.L., Yogures Andaluces S.A., Promi o Bonput.
Asimismo, y en relación a las piezas separadas referidas, dice que «se viene trabajando» en su elaboración «desde el mes de agosto y septiembre, teniendo en cuenta del periodo vacacional que todos hemos disfrutado», por lo que «dicho trabajo de oficina dará el resultado que demanda la parte en su escrito».
