TRIBUNALES
La Audiencia archiva la causa contra cuatro ex altos cargos por un préstamo irregular de 384.000 euros
Archiva la causa contra cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha revocado el auto de procedimiento abreviado que cerraba la investigación del préstamo irregular que la Junta de Andalucía concedió a la empresa EDM Séneca por importe de 384.841,65 euros «sin sujección a procedimiento legalmente establecido» . El «pretendido destino» de esta subvención era «atender el pago de nóminas de sus trabajadores» el tiempo necesario para afrontar la reestructuración de la compañía Electronic Devices Manufacturer (EDM) e IDE Séneca del municipio jienense de Mancha Real.
Contra dicho auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía presentaron un recurso de apelación. La Audiencia les ha dado la razón, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación particular que ejerce la Administración autonómica, y ha ordenado el sobreseimiento libre de las actuaciones contra el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete Rolloso, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández García y el exdirector general de Trabajo de la Junta Juan Márquez, quien concedió el préstamo que no ha sido devuelto.
La resolución de la Sección Séptima, fechada, el pasado 22 de julio, también acuerda el archivo de la causa contra Bienvenido Martínez, director de inversiones de IDEA y miembro del consejo de administración de Invercaria que había otorgado un préstamo participativo a la citada empresa jienense «a sabiendas de que era la fórmula creada para eludir el embargo y la legalidad que regía en materia de subvenciones », según el auto del juzgado que cerró esta investigación.
La particularidad de este crédito es que, aunque lo concedió el exdirector general de Trabajo a través de un convenio, no se abonó con cargo al programa presupuestario 31L, conocido como «fondo de reptiles» , sino que fue financiado con fondos de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas, cuyo importe superaba los 8,8 millones. Se ignoran las razones por las que se eligió esta fórmula, señala la Audiencia, que sí reconoce una menoscabo de fondos pero imputable al programa 31L desde enero de 2014, cuando los ex altos cargos encausados no estaban ya mandando.
Las defensas de Fernández, Márquez y Cañete apelaron el procesamiento argumentando que contradecía el criterio de la Sección Séptima de excluir de cualquier pieza separada del caso ERE a los investigados y enjuiciados en la pieza política, en aplicación del principio non bis in ídem, que prohíbe juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos.
La Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía solicitaron cinco años de cárcel para cada investigado por malversación y prevaricaci ón al defender que la ayuda no provenía de la partida 31-L sino de la Consejería de Innovación.
La Sección Séptima considera probado que el dinero en efecto salió de Innovación, aunque el programa «al que estaba vinculado de forma expresa» era el de Empleo y cuando el préstamo «fue fallido» , porque no se devolvió, IDEA «regularizó su contabilización» y lo imputó «a la partida a la que se encomendó su otorgamiento», que era la 31L.
La Sección Séptima, sin embargo, recuerda que Martínez no tenía «competencia alguna» en la concesión de ayudas, como alegó su abogado, Juan Carlos Alférez, y que «su nombre ni siquiera aparece» en el expediente de EDM, hasta el punto de que ni el juez ni las acusaciones indican «que haya podido influir de manera concreta y directa» en la concesión del préstamo.
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