CORRUPCIÓN
La Audiencia de Sevilla insiste: las empresas beneficiarias del caso ERE no son víctimas
Revoca otro archivo de Núñez que exculpaba a un empresario alegando que «no era consciente» de la ilicitud de la ayuda
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla desmonta la tesis de la juez instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños , que había archivado distintas piezas separadas de esta macrocausa alegando, entre otros motivos, que las empresas beneficiarias de ayuda, « más que delincuentes, podrían considerarse víctimas o perjudicados por la actuación » de la Junta de Andalucía.
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Mediante un auto del pasado 11 de noviembre, al que ha tenido acceso ABC, la sala formada por cuatro magistrados ha revocado un auto de sobreseimiento libre de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, por el que exculpaba a un empresario investigado, Guillermo R.A. , amparándose en que no se ha podido acreditar que «fuera consciente de la ilegalidad que afectaba a la decisión de la concesión y pago» de una ayuda de 1,2 millones de euros que recibió la empresa Romero Álvarez S.A. En un auto dictado el 7 de mayo pasado, la juez, que está de baja médica desde el 3 de septiembre, también esgrimió que el empresario «no tuvo participación alguna en la tramitación, solicitud o justificación de la ayuda».
Estima el recurso de la Fiscalía, que reprochó a la juez que «justificaba una conducta delictiva»
La Audiencia estima el recurso de apelación interpuesto contra esta resolución por las fiscales María José Sánchez Martínez y María Nazaret Salguero Gil . En su auto, concluye que «en absoluto se puede afirmar como lo hace el auto recurrido que don Guillermo R. A. ha sido totalmente ajeno a la concesión de la ayuda», puesto que era apoderado de la empresa de su padre en febrero de 2003, cuando el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero acuerda darle la ayuda a esta empresa dedicada a la comercialización de aceite de oliva y girasol para que instalara un secadero de jamones y embutidos en Alanís de la Sierra. «La ayuda se la pidieron a él, Guillermo R.A., hijo del dueño», según declaró Guerrero ante la Guardia Civil.
La Audiencia tampoco comparte la idea de la juez de que el empresario confiaba en que la Junta actuaba dentro de la legalidad. «Para cualquier persona es patente y notorio que la Administración para conceder una subvención o cualquier otra ayuda solicita una serie de requisitos que en absoluto se cumplieron en el presente caso, como se infiere tanto del informe de la Intervención del Estado y del expediente de reversión del pago de la misma de la Consejería de Empleo», expone.
La sala cita una sentencia del Supremo del 6 de febrero de 2018 que desestimó el recurso de casación presentado contra otro fallo del TSJA por la empresa Matadero de Sierra Norte, también investigada en esta pieza separada de la causa: «Ningún operador jurídico y económico podría atribuir la menor apariencia de regularidad a un modo de actuar por el órgano administrativo carente de todo procedimiento regular».
En su recurso contra el archivo, la Fiscalía lamentó que «se hace uso por la magistrada instructora de los principios de confianza en la Administración y buena fe para justificar una conducta que de todo punto es delictiva ». La juez está siendo investigada por el Consejo General del Poder Judicial a raíz de que la Fiscalía Anticorrupción denunciara que muestra una «pasividad evidente» en la investigación de tres causas de corrupción que afectan a los anteriores gobiernos andaluces del PSOE, entre ellas, el caso ERE.
La empresa se defiende
Romero Álvarez S.A. salió al paso del recurso de la Fiscalía a través de un comunicado remitido a este periódico en el que explicaba que ha cumplido «con creces» todos los requisitos que se le exigieron cuando en 2002, con más de cuatro décadas de existencia, fue aprobada una subvención de 1,2 millones de euros para construir un secadero. La ayuda fue firmada por Manuel Romero Álvarez , ya fallecido, a través de un protocolo de colaboración, que es la forma jurídica que marcó la Junta. La empresa alega que justificó hasta el último céntimo recibido y que 17 años después, la fábrica no ha cerrado ni un solo día y los puestos de trabajo se han multiplicado por diez .
