Caso Invercaria
La Audiencia de Sevilla, incapaz de fijar juicios «a más de un año vista» por el colapso de causas y el coronavirus
La Sección Cuarta admite que tiene la agenda cerrada y «desafortunadamente no será posible fijar una fecha»
La agenda de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha pasado del parón impuesto durante la fase más dura del estado de alarma al colapso absoluto. En un auto dictado el pasado 3 de marzo al que ha accedido ABC, el tribunal que debe enjuiciar una pieza de la macrocausa de supuesta corrupción de Invercaria , que se inició en el año 2012, alega que no puede fijar el juicio porque tiene « completa al agenda a más de un año vista » para un proceso que requiere al menos 50 sesiones.
Se trata del juicio por las ayudas concedidas por Invercaria, la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía, para la puesta en marcha de Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), un fallido portal virtual que pretendía integrar a 50.000 empresas andaluzas con vistas a que pudieran ofrecer sus productos en internet, ahorrándose los costes derivados de las ferias comerciales al uso. Por los 716.000 euros a través de préstamos participativos que concedió Invercaria a FIVA se van sentar en el banquillo los ex presidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, y otras diez personas más, entre excargos de la sociedad pública y empresarios como el administrador de Novasoft, Francisco José Barrionuevo.
Mediante la citada resolución remitida a las partes, el tribunal que preside el magistrado Carlos Luis Lledó González les comunica que «desafortunadamente no será posible fijar una fecha cercana» debido a que la agenda está completa y un proceso como este requiere «la reserva de no pocos días para su celebración, así como una cierta infraestructura y disponibilidad de sala de vistas de alta capacidad».
La situación de colapso afecta a otras macrocausas y se ve agravada por «las especiales circunstancias en que se dicta esta resolución, bajo una situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 , con todo lo que ello conlleva, al punto de que actualmente el país sigue en estado de alarma».
La pandemia, añade el auto, « ha provocado y sigue provocando la suspensión de numerosos juicios ya señalados , que han de ser reubicados. Efectos negativos que se agravan en procesos, como el presente, en los que no concurre ninguna de las circunstancias que, conforme al artículo 785.1 de nuestra ley procesal, le otorgarían carácter preferente».
Aparte del aplazamiento sine die del juicio, la acumulación de casos también tendrá otras consecuencias como renunciar a reunir a las partes, en un encuentro previo al juicio, para « aquilatar las pruebas y establecer unos rangos horarios» para las mismas . «En la actual situación de pandemia entendemos que no es muy recomendable convocar una reunión de estas características que no está prevista en la ley procesal ni tiene carácter jurisdiccional sino puramente organizativo y que tendría que movilizar a muchas personas, por el riesgo que generaría para los asistentes, previsiblemente, durante varias horas, en los limitados espacios de que dispone esta Audiencia Provincial», esgrime.
La tarea es compleja porque se acumulan las macrocausas a la vez que la pandemia obliga a espaciar las vistas o evitar las estancias mal ventiladas . Las salas de vista son limitadas, deben compartirse y los tribunales tienen que adaptarse a los turnos que le vayan asignando.
El tribunal admite que la pandemia ha provocado y sigue provocando la suspensión de juicios ya señalados
A falta de esta reunión, la sala propone anticipar « una cierta distribución de las sesiones» necesarias con carácter provisional y supeditada a las sugerencias que hagan llegar las partes y a sus agendas profesionales. En principio establece 50 sesiones de mañana y tarde sin fecha definida en el calendario para que declaren los testigos y los peritos y para la presentación de los informes de las defensas y acusaciones.
Mediante la citada resolución, la Sección Cuarta exhorta a las partes a que en el plazo de diez días informen al tribunal sobre si van a plantear cuestiones previas o no o acerca del tiempo que prevén para los interrogatorios de testigos o peritos, al objeto de organizar las sesiones y perfilar más el cronograma.
El juez que investiga la supuesta malversación de fondos públicos en la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía, Invercaria, Juan Gutiérez Casillas, cerró esta pieza sobre los préstamos concedidos a la compañía Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA) en 2017 y la envió a la Audiencia Provincial de Sevilla en septiembre de ese año. Hace ya tres años y medio. Sin embargo, aún no hay fecha en el horizonte para juzgar a los doce acusados.
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