Caso ERE Andalucía
La Audiencia aparta al exconsejero Fernández del ERE de González Byass porque no se benefició de la póliza
La sala se corrige a sí misma y anula las actuaciones contra el ex alto cargo porque no suscribió el seguro subvencionado ni lo cobró
Antonio Fernández García, exconsejero de Empleo condenado en la causa política del caso ERE, no va a ser investigado por la ayuda irregular de 17 millones de euros concedida por un subordinado suyo, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, a la bodega jerezana González Byass, de la que era trabajador en excedencia desde 1983 , cuando decidió dedicarse a la política.
La Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido en un auto que «no proceder seguir las actuaciones» contra el ex alto cargo socialista porque «no es beneficiario de la póliza» subvencionada al «no haber suscrito el boletín de adhesión» a la misma como hicieron el resto de extrabajadores de la empresa. Por consiguiente, «no ha percibido ninguna cantidad de la compañía Generali España S.A», señala la resolución de la Sección Séptima de la Audiencia, que declara la nulidad parcial del auto de 12 de agosto de 2019 en el que Fernández figuraba como investigado, después de que la misma sala estimara parcialmente un recurso interpuesto por la Junta de Andalucía
En el auto del 7 de mayo pasado, la Audiencia admite los argumentos jurídicos del letrado de Fernández , que pidió la exclusión del exconsejero y presentó para ello documentación que acreditaba que no llegó a aceptar la póliza subvencionada.
Da marcha atrás la misma Sala que acordó continuar la investigación contra el antiguo político bajo el argumento de que en la documentación del sumario aparecía como trabajador afectado y beneficiario por haber prestado servicios en dicha mercantil. Ahora, en cambio, decide excluirlo, tal y como había acordado en un primer momento la juez instructora del caso.
«El examen de la documental remitida por la defensa del citado Sr. Fernández y de la causa completa ha puesto de manifiesto que no es beneficiario de la póliza (386.000 euros) al no haber suscrito el boletín de adhesión y que no ha percibido ninguna cantidad de la compañía Generali España S.A», expone.
Tres documentos clave
Para llegar a esta conclusión, la Sección Séptima tiene en cuenta tres documentos. Una carta de fechada el 30 de junio de 2011 firmada por Fernández García a Uniter Banco Vitalicio en la que pone de manifiesto que «aun cuando figura como beneficiario asegurado» de la póliza número 830.190.001.936, «no suscribió el boletín de adhesión, y que en consecuencia la póliza no ha generado derechos a su favor sin que se le haya abonado con cargo a la misma cantidad alguna», afirma.
El segundo documento es otra carta remitida el 11 de abril de 2008 por la asociación de antiguos trabajadores de la bodega a Generali Seguros en la que pone de manifiesto que «el Sr. Fernández García no está adherido a la póliza de la que la Asociación es tomadora, ni tampoco es socio de la citada, explica que junto a la carta remiten burofax en el que el Sr. Fernández García reitera su renuncia expresa y definitiva a cualquier clase de derechos que pudieran corresponderle de la mencionada póliza».
El tercer informe en el que se basa la Audiencia para anular las actuaciones contra el ex alto cargo es el certificado emitido por apoderado de Generali España S.A de 15 de junio de 2011 en el que acredita que Antonio Fernández García «no ha percibido ninguna cantidad de dicha compañía con cargo a la póliza de seguro colectivo con número 830.190.001.936; y que no consta actualmente en la relación de asegurados y beneficiarios de dicha póliza».
«Con arreglo a estos nuevos datos, desconocidos al tiempo de resolver el recurso que dio lugar a nuestro auto de 12 de agosto de 2019, la conclusión no puede ser otra que su anulación parcial al haberse acordado seguir las actuaciones contra D. Antonio Fernández García en atención a un testimonio incompleto, debiendo modificar el contenido del fundamento jurídico tercero que ahora anulamos y sustituimos por los argumentos que acabamos de exponer reveladores de que no ha sido beneficiario de la póliza ni ha recibido cantidad alguna», concluye el auto. Contra el mismo no cabe recurso alguno.
Antonio Fernández se convirtió en el ex alto cargo de la Junta de Andalucía de mayor rango que entró en la prisión durante la instrucción del caso ERE. La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla conocida en marzo le impuso una pena de siete años y once meses de prisión por dos delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos . Los 19 condenados del Gobierno andaluz, entre los que están los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, suman penas de 68 años de cárcel y 680 millones de euros defraudados a través de un sistema fraudulento de concesión de ayudas a los desempleados.
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