Ramírez de Arellano niega las acusaciones del Colegio de Arquitectos que le llevan al TSJA

La investigación que ha propiciado la denuncia de la Fiscalía Superior al TSJA por presunta prevaricación del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano , durante su etapa como vicerrector de la Universidad de Sevilla parte de una denuncia interpuesta en marzo de 2015 por el Colegio de Arquitectos de Sevilla ante la Fiscalía de Sevilla por la adjudicación de las obras del Centro de Transferencia e Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius) . La investigación inicial cesó en junio, cuando Arellano, rector de la Universidad de Sevilla y anteriormente vicerrector de infraestructuras, fue nombrado consejero y adquirió la condición de aforado , por lo que la Fiscalía provincial tuvo que inhibirse en favor de la Superior. Existe un procedimiento paralelo por los mismos hechos en la vía Contencioso administrativa.

La denuncia trata de la fragmentación presuntamente irregular de un proyecto arquitectónico para construir un edificio de 25.800 metros cuadrados, presupuestado en 34 millones de euros y subvencionada con 17,7 millones por el Gobierno central y fondos europeos. El Colegio advirtió que la licencia de obras se concedió sobre la base de un proyecto básico visado un mes antes de que oficialmente se encargara el trabajo a los autores del mismo, por lo que sospecha que se adjudicó sin expediente de contratación , un documento que la universidad «nunca» puso a disposición del ente colegial.

Arellano en sus alegaciones a la Fiscalía Superior negaba los extremos de la denuncia del Colegio de Arquitectos «por no ser ciertos» y acusaba a la institución colegial de «tergiversar con mala fe y en atención a otros intereses particulares la recta actuación de la Universidad de Sevilla.

Según estas alegaciones se citan los procedimientos negociados sin publicidad por los que se contrataron los estudios preliminares y el proyecto básico del edificio, así como el procedimiento de contratación de las obras y se explica que por sus peculiaridades técnicas «se aconsejó que, en garantía de su correcta ejecución , era conveniente vincular al contratista con los técnicos redactores del proyecto de ejecución».

Ramírez de Arellano añade en relación a la contratación de la dirección de obra que «era de imperiosa urgencia la inmediata ejecución del contrato por los mismos autores del Proyecto de Ejecución, ya que en caso de optarse por otra tramitación sería inviable la ejecución de la obra y la justificación de la subvención».

El ahora consejero insiste en que no es cierto que la Universidad de Sevilla adjudicara contrato de redacción de proyecto sin convocatoria de concurso público, por el simple hecho constatado que la redacción del proyecto incumbía a la empresa adjudicataria del contrato de ejecución de obras. Asegura que « no se ha eludido requisito alguno de publicidad , habiéndose publicado los anuncios preceptivos en el DOUE y BOE».

Además, Arellano declara que es rigurosamente falso que haya discordancia de fecha en la tramitación de los procedimientos negociados sin publicidad y que es «absolutamente falso» que se haya elaborado (la denuncia no señala por quién) expediente alguno «a posteriori» , una acusación que se ha tenido en cuenta por la Fiscalía a la hora de solicitar al Tribunal Superior que incoe diligencias por un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público .