Tribunales
Archivada de plano la denuncia de la juez de los ERE María Núñez Bolaños contra la Fiscalía Anticorrupción
La Fiscalía General del Estado da carpetazo al escrito en el que solicitaba la apertura de un expediente disciplinario por calumnias
La Fiscalía General del Estado ha archivado de plano la denuncia que la anterior instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños, presentó contra el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, que extendió a los seis fiscales delegados en Sevilla . La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla movió ficha después de que el jefe de Anticorrupción pusiera en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «la desatención y retraso injustificado» de macrocausas de corrupción en una denuncia previa que fue archivada.
En su escrito, presentado el pasado julio, la magistrada solicitaba a la Fiscalía General del Estado que se abriera un expediente disciplinario contra el fiscal jefe Anticorrupció n por emitir juicios de valor con presunto carácter ofensivo que afectarían a su honor y podrían incurrir en un supuesto delito de calumnias, según su versión.
La denuncia ha tenido poco recorrido. Según ha podido confirmar ABC, la inspectora jefe de la Fiscalía General del Estado, que firma la resolución de archivo, ni siquiera ha abierto expediente y lo ha archivado sin más mediante un decreto «muy contundente y muy bien motivado», según destacaron fuentes de toda solvencia.
El decreto de archivo niega de plano cualquier ánimo difamatorio y le reprocha a la magistrada que pusiera de manifiesto estas acusaciones sin aportar ningún hecho ni dato que las avalase.
La inspectora jefe desmonta todos los argumentos esgrimidos por la juez, quien incluso aseguró que las «difamaciones» vertidas en la denuncia disciplinaria contra ella no sólo le habían causado «un grave perjuicio personal, sino que también han perturbado el normal desarrollo del servicio en la Administracion de Justicia, sobrecargando a la juzgadora con una carga de trabajo adicional consistente en desmontar una por una, todas las acusaciones y tergiversaciones que los fiscales vertieron en el mencionado escrito».
Retrasos en las macrocausas
La juez se dirigió contra la Fiscalía Anticorrupción después de que Alejandro Luzón elevara al Poder Judicial un informe, de 110 páginas, en el que pedía que fuera sancionada con una falta grave o muy grave. Un análisis global de su actuación, «como el que se presenta con este escrito, con abrumadoras muestras de conductas irregulares, permite trascender la apariencia para revelar lo nuclear: la existencia de una inequívoca actuación dilatoria , incompatible con el cabal cumplimiento de sus deberes como instructora», advertía. Aparte del escrito firmado por Luzón, éste aportaba un «informe ilustrativo» de los seis fiscales de Sevilla y un resumen con la situación procesal de cada pieza.
Para el fiscal Anticorrupción, « la inactividad real y efectiva de impulso proc esal como la desatención a las resoluciones de la Audiencia de Sevilla, no se manifiesta con frecuencia de forma abierta, indisimulada, evidente e inequívoca sino mediante un comportamiento de reiterada pasividad a lo largo del tiempo , sin practicar ni denegar las diligencias solicitadas o presentando trabas y reiterando resoluciones ya desestimadas, que podrían sugerir una voluntad de paralizar o ralentizar la marcha de los procedimientos».
Tras revisar la labor de la magistrada, el promotor disciplinario del CGPJ, Ricardo Conde, archivó las diligencias informativas un año después y descartó una «pasividad intencional» o un «descuido» en su actuación. La Inspección del Poder Judicial atribuyó los retrasos en el juzgado de los ERE a la carga de trabajo y la «gran complejidad» de las causas que Núñez heredó de la juez Mercedes Alaya o, incluso, al hecho de que a la Fiscalía se le manden las notificaciones mediante un funcionario.
Un año después del archivo de la denuncia por la que fue inspeccionada, la juez se dirigió a la Fiscalía General para solicitar la apertura de un expediente disciplinario contra quienes en su día le llevaron ante el Poder Judicial. La Fiscalía Anticorrupción vio desde el principio poco recorrido a la denuncia, a la que dan el mismo valor de una que interpusiera un acusado al que absuelven. El tiempo ha terminado por darle la razón.
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