TRIBUNALES

Archivada la macrocausa de la agencia IDEA que supera en cuantía al fondo de los ERE

El juez Vilaplana no aprecia indicios de delito «solventes y suficientes» por el uso «abusivo» de las transferencias de financiación

El juez instructor del caso ERE, José Ignacio Vilaplana, llegando al juzgado MANUEL GÓMEZ
Antonio R. Vega

Antonio R. Vega

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El juez no encuentra indicios de delito en la macrocausa de las Transferencias de Financiación, que investiga si otras consejerías de la Junta de Andalucía, aparte de la de Empleo, replicaron en la etapa del PSOE el sistema irregular de los ERE para repartir fondos sin control a través de IDEA, la agencia pública que pagaba las ayudas fraudulentas. El radio de acción de esta investigación rondaba los 3.000 millones de euros, cuatro veces más más que el dinero malversado (680 millones de euros) con el método del caso ERE.

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado el sobreseimiento provisional de este sumario donde se analizaban las posibles responsabilidades penales derivadas del uso inadecuado de la figura de las transferencias de financiación a la Agencia IDEA por parte de la Consejería de Empleo y otras consejerías del Gobierno andaluz.

En un auto fechado el día 19 de mayo, facilitado por el TSJA, el magistrado argumenta que no concurren indicios de criminalidad «solventes y suficientes» que apunten a la perpetración de los delitos de prevaricación administrativa y malversación investigados.

«De lo actuado, no es posible deducir que a través de la irregular utilización del mecanismo de transferencias de financiación a la Agencia IDEA » por parte de distintas consejerías de la Junta «se haya reproducido un mecanismo ilícito de disposición sistemática y arbitraria de fondos públicos, similar al deducido y constatado» en el procedimiento específico del caso ERE. Por este sistema administrativo fueron juzgados y condenados por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros 17 ex altos cargos más de los gobiernos socialistas. La resolución no es firme y puede ser recurrida por alguna de las partes.

La de las transferencias de financiación sería la primera macrocausa que archiva el juez que sustituye a María Núñez Bolaños en el juzgado donde confluyen los principales sumarios de corrupción que afectan a los anteriores gobiernos autonómicos.

«Al no haberse obtenido indicios suficientes y solventes de criminalidad », Vilaplana da carpetazo provisional a esta causa, «sin perjuicio de las actuaciones a realizar o desarrollar en otras causas o piezas separadas, distintas de la presente, en las que se diluciden las posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse de la ilicitud de actos concretos de disposición de fondos públicos por parte de la Agencia IDEA -entendidos aquéllos en un sentido amplio, como actos de concesión, actos de garantía, o actos de pago- que tuvieran vinculación u origen en las referidas transferencias de financiación , en particular, aquéllos actos relacionados con las concretas operaciones financiadas mediante el referido mecanismo constatadas por la Intervención de la Junta» en distintos informes a los que el juez alude en su resolución, según informa el TSJA.

La causa se remonta al año 2016. Fue abierta a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó «determinar si de manera reiterada por parte de la Junta de Andalucía se habría utilizado presupuestariamente la figura de las transferencias de financiación de manera inadecuada en lo referente a la aportación de fondos a la Agencia IDEA, y si tal uso inadecuado habría supuesto o posibilitado, de manera general, una disposición indebida de los fondos públicos con una total ausencia de control y fiscalización por parte de la Intervención General de la Junta». Todo ello, «al margen de la presupuestación y del uso de los fondos del programa presupuestario 31-L, que sería objeto de otras causas /piezas separadas» derivadas del caso ERE.

Uso «abusivo» de las transferencias

El juez instructor considera que, a la vista del resultado de las diligencias practicadas, «resulta factible deducir que por parte de distintas consejerías de la Junta (principalmente, las consejerías de Empleo e Innovación) se habría llevado a cabo una utilización abusiva de la figura de las transferencias de financiación en favor de la Agencia IDEA a fin de que ésta llevase a cabo operaciones de pago comprometidas por la correspondiente Consejería en favor de terceros, a modo así de Agencia intermediaria delegada». El juez señala que «en lugar, como resultaría procedente, de utilizar esas transferencias de financiación para posibilitar y financiar la gestión ordinaria de la Agencia y, en particular, para proporcionar cobertura a su cuenta propia de explotación».

Para el magistrado, «este uso inadecuado del mecanismo de transferencias de financiación ha sido puesto de manifiesto por la Intervención de la Junta de Andalucía en distintos informes obrantes en autos», tales como los Informes de Control Financiero Permanente Anual de la Agencia IDEA y demás Informes de Cuentas Anuales y de seguimiento, ejercicios 2005 a 2010.

Reduce los mecanismos de control

El juez ve «factible» deducir que hubo una «indebida utilización» del referido mecanismo de las transferencias de financiación. Sin embargo, « más allá del riesgo de descontrol o desorden financiero y de la irregular actuación o gestión administrativa, la existencia de indicios de responsabilidad penal fundada en una fraudulenta o desleal administración de los correspondientes fondos públicos dispuestos o comprometidos».

«Resulta indudable, tal y como ponen de manifiesto los Informes de la Intervención de la Junta obrantes en autos y destaca el Ministerio Fiscal en su Informe de 3 de mayo de 2021, que dicho mecanismo de intermediación comporta per se una efectiva y notable minoración de los mecanismos de control administrativo, presupuestario y financiero establecidos para garantizar el ordenado y recto funcionamiento de la Administración autonómica».

No obstante, «de lo actuado no es posible deducir que, en las operaciones de intermediación de los pagos que habría realizado la Agencia IDEA en el periodo comprendido entre los ejercicios 2001 al 2012 analizados, se haya producido una deliberada y fraudulenta falta de control y de fiscalización por parte de la Intervención de la Junta propiciatoria de una sistemática disposición arbitraria o desleal de medios públicos con el correlativo menoscabo de los fondos a tal efecto comprometidos o satisfechos por la Junta».

El magistrado establece distinciones entre otras causas penales respecto al mecanismo de la transferencia de financiación, en referencia al sistema de los ERE sentenciado, y esta macrocausa. En este último caso no «que se haya ideado o utilizado el mecanismo de las transferencias de financiación para eludir posibles reparos de la Intervención de la Junta en la disposición de fondos vinculados con las operaciones y programas» referidos en el auto. Tampoco «que se haya producido a posteriori un cambio en la presupuestación tendente -precisamente, mediante el uso de las transferencias de financiación- a eludir tales reparos, omitiendo el debido trámite de fiscalización previa de la Intervención, o con medidas elusivas similares».

Para el magistrado, tampoco está acreditao que «en los informes de Control Financiero Permanente de la Agencia IDEA se haya formulado por la Intervención de la Junta reparo alguno en expedientes de gasto derivados de los correspondientes programas presupuestarios en los que se habría detectado esa utilización del mecanismo de transferencia de financiación , en particular, por falta de cobertura presupuestaria, no advirtiendo, en su caso, de la nulidad de las resoluciones de concesión o de disposición de fondos ni de la posible existencia de infracciones a la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta». Por todo ello, el juez acuerda el sobreseimiento provisional de la causa.

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