Archivada la causa contra la monja de clausura imputada por una ayuda de los ERE

Sor Carmen tenía ayer mucho que celebrar. Coincidiendo con su cumpleaños, la religiosa de un convento de la localidad sevillana de Constantina conocía la mejor de las noticias: el juez instructor del caso ERE la ha exculpado de toda responsabilidad penal por una ayuda irregular de 44.000 euros que recibió la cooperativa textil de la Sierra Norte, SCA Megara cuando ella era presidenta y antes de que tomara los hábitos.

En el auto de procedimiento abreviado de la Sierra Norte, que ha supuesto el procesamiento de treinta personas, el magistrado José Ignacio Vilaplana acuerda el sobresimiento provisional de las actuaciones contra Carmen Muñoz Rivas , que llevaba más de cinco años investigada por los supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental.

En mayo de 2015, la novicia -que había ingresado tres años antes en la orden religiosa- fue llamada a declarar por la juez que abrió el caso ERE, Mercedes Alaya. Letrados que asistieron a su comparecencia recuerdan a ABC la estupefacción que se produjo en la sala cuando, durante la lectura de los cargos que le atribuía la magistrada, de repente se coló por la ventana una polilla, se fue la luz, se cayeron los ordenadores y se paró de súbito el acto procesal, lo que dio lugar a muchas especulaciones.

Anécdotas aparte, el juez encargado de cerrar esta investigación estima ahora procedente decretar el archivo «dada la inexistencia de elementos de convicción suficientes y solventes de los que deducir la concurrencia de los presupuestos necesarios» para continuar el procedimiento penal contra ella. También son exculpados Verónica Galloso y el abogado Carlos Leal , director del Bufete Estudio Jurídico Villasís.

La orden de la religiosa siempre confió en Sor Carmen y mostró su «absoluto respaldo a esta hermana» tras su imputación en 2015. Entonces se hallaba en periodo de pruebas y los hechos que motivaron la imputación se produjeron varios años antes de su llegada al convento. Varios abogados se ofrecieron a defenderla de forma desinteresada y sin cobrarle honorarios. Finalmente, la representó el letrado Juan Carlos Alférez.