Caso Acyco

Aparece una factura «falsa» de 243.000 euros de los ERE con la dirección de la Consejería de Zarrías

Un extrabajador de Acyco prejubilado acusa de «llevarse el dinero» público a la presidenta y al abogado de la empresa

La Audiencia de Sevilla acoge el juicio contra seis ex altos cargos y seis acusados más por las ayudas Manuel Gómez

A. R. V.

El juicio del caso ERE sobre los 2,9 millones de euros en ayudas irregulares que la Junta de Andalucía concedió a la evasadora Aceitunas y Conservas, Acyco, deparó este martes algunas sorpresas. Tanto la Fiscalía como el letrado del PP preguntaron al presidente de la asociación de extrabajadores 3 de julio creada para recibir las ayudas , Antonio Alamino, por una misteriosa factura de 243.600 euros que emitieron socios del consejo de administración de Acyco a nombre de la citada asociación para recuperar el dinero abonado por ellos en la primera póliza, porque la Junta de Andalucía se retrasó en el pago de las ayudas.

Lo llamativo es que la factura que fue cursada después a la Junta para resarcirles por el dinero aportado no se dirige a la Consejería de Empleo, que concedía los fondos. La dirección que aparece es la avenida Manuel Siurot s/n en Sevilla, que coincide con la Casa Rosa, la sede de la Consejería de Presidencia, que en esa fecha (27 de enero de 2004) ocupaba Gaspar Zarrías, que no está investigado por la citada ayuda .

A preguntas del letrado del PP Luis García Navarro en el juicio de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, Alamino, testigo en el proceso, reconoció que no sabía nada de la citada factura ni de la dirección que aparecía en ella, puesto que no había sido emitida por la asociación que figuraba como tomadora de las pólizas subvencionadas por la Junta . Según un oficio de la Guardia Civil que obra en la causa, la Junta pagó los 210.000 euros (los 33.600 euros restantes eran impuestos) y se transfirió a una cuenta perteneciente a Encarnación Poto, presidenta del consejo de Acyco, prejubilada con subvenciones y acusada en el juicio. Poto es militante del PSOE.

Alamino dijo que descubrió que en la cuenta bancaria de la asociación habían ingresado «40 millones de pesetas» de procedencia desconocida y que tanto Poto como Gabriel Barrero, abogado de Acyco, «se llevaron» el dinero.

El extrabajador declaró en el juicio que «no quería líos», por lo que solicitó al director de la sucursal bancaria que diese ese dinero «a quien lo había pedido» porque no pertenecía a los extrabajadores, tras lo cual el dinero fue transferido a la citada cuenta de Poto. «Se lo llevaron» Gabriel Barrero y Encarnación Poto, presidenta del consejo de administración, también prejubilada en el ERE, según recoge Europa Press.

Según este testigo, Barrero habría dicho «que el dinero era de ellos», en alusión a los responsables del consejo de administración de Acyco. «Venían Barrero y cinco o seis del consejo de administración buscándome para sacar el dinero, que no era mío ni de la Asociación 3 de Julio », ha explicado. Insistió en que dio orden al director del banco para que «pagase lo que se tuviese que pagar», incluyendo lo que correspondiese a Hacienda, y que él no redactó la mencionada factura.

La presidenta de Acyco, «una dictadora»

Durante la vista, Alamino ha aseverado que Poto y quienes estaban «detrás de ella», es decir los gestores de Acyco «se llevaban el dinero de la empresa», una sociedad anónima laboral, y «engañaban» a los trabajadores pese a participar los mismos de la entidad mediante acciones . «Nos engañaron a todos», ha enfatizado, admitiendo sentir resentimiento hacia Poto, quien según ha asegurado dijo «siempre» que se prejubilaría mediante el ERE, extremo tras el cual continuó figurando en el consejo de administración de Acyco y cobrando por ello.

También ha prestado declaración como testigo María Auxiliadora Francos, igualmente extrabajadora de Acyco y quien ha manifestado que fue «mano derecha» o «persona de confianza» de Poto durante el periodo previo a la fundación de la empresa. Esta testigo ha admitido que ante la Guardia Civil tachó de «auténtica dictadora» a Poto y, en esta ocasión, le ha achacado un «abuso de poder mediante el cual «sometía» a la plantilla, que participaba de la entidad mediante acciones, a «lo que ella decía», incluyendo con ello supuestas «amenazas» de despido.

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