Entrevista
Antonio Checa: «No somos conocidos, 40 quejas al año de 8 millones de andaluces es muy poco»
El presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía cree que ya se aprecia mayor pluralismo en Canal Sur
Antonio Checa es un periodista con una larga trayectoria profesional. Nacido en Jaén en 1946, se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesor de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
¿Cómo se ha encontrado el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA)?
Después de tres años sin renovarse había cierta parálisis. En 2016 irrumpieron dos fuerzas nuevas, Ciudadanos y Podemos y no estaban representadas. Desde entonces había un período de interinidad con baja acción. En el último año constatamos que la actividad había bajado y que en alguna medida se había alejado un poco de la evolución de la sociedad. Eso no quita para que se hicieran cosas. El año pasado se recopilaron todas las recomendaciones que el Consejo había realizado.
Con las competencias actuales sólo podéis cubrir la televisión autonómica, las desconexiones, las teles locales y la publicidad. ¿No se ha quedado el Consejo muy corto? La gente ve Netflix, Movistar, se informa mucho por internet. ¿Tiene razón de ser el CAA?
Sí, más que nunca. La comunicación audiovisual se ha diversificado extraordinariamente. Antes era radiotelevisión, cine y poco más. Y todo a una velocidad, con una heterogeneidad y una capacidad de multiplicarse y además por canales relativamente baratos. Antes se podía rectificar en la televisión como se hace en un periódico. ¿Quién rectifica ahora y para qué sirve? Tú dices una barbaridad en las redes sociales, se comunica a través de un montón de gente y al día siguiente afirmas que era mentira y sólo lo recogen cuatro. El resto no lo reproduce. Inevitablemente el daño está hecho. Por eso los consejos tienen una tarea inmensa. No tenemos los instrumentos jurídicos legales, pero sí de orden moral. Nosotros no podemos sancionar, pero sí advertir. Además hay consejos con más competencias y con menos. Por ejemplo, el catalán concede licencias a emisoras de radio. Nosotros no.
¿Y la publicidad?
Nos preocupa mucho la publicidad del juego. Tenemos una legislación andaluza que nos dice que no se pueden anunciar juegos de azar salvo en horario de madrugada. Pero el juego entra por muchas vías. Una lotería nacional que es del Estado, la ONCE que es una sociedad con fines benéficos. Multitud de empresas que emiten en internet desde países fuera de España, en Gibraltar, en Malta, en el Caribe... A nuestros jóvenes llega una cantidad de publicidad en la que nosotros no podemos entrar.
En el asunto del niño Gabriel vosotros os adelantasteis al juicio de la asesina Quezada con una serie de recomendaciones a los periodistas. ¿Se han «portado» bien? ¿Ha habido espectáculo mediático?
Este caso ha servido un poco de test para el nuevo Consejo. La madre de Gabriel nos llamó y nos pidió ayuda. Nosotros teníamos que actuar, pero solos poca fuerza teníamos. Entonces involucramos a las Asociaciones de la Prensa, a «¿Quién sabe dónde?» de Paco Lobatón contra las desapariciones. Tuvimos una respuesta muy interesante. Más de 15 entidades suscribieron aquel acuerdo. Constatamos que se respetó la figura de los padres y la información se centró en la entonces presunta autora de la muerte del niño. Pero se nos escapó una cosa.
«De los ERE se ha hablado y se va a hablar más en Canal Sur. Hay que darle prioridad a lo andaluz»
¿Cuál?
Cómo mató esta señora al niño se explicitó por los medios con una enorme amplitud. No hacía falta ensañarse tanto.
Bueno, del cómo dependía un tipo de sentencia u otra. El ensañamiento era clave.
¿Pero hacía falta una página entera para el cómo?
Es verdad que algunos medios se excedieron en el cómo, pero era importante.
Sí, pero se podía haber dicho en diez líneas bien escritas y no una página. De todas formas hemos hecho un balance y creo que algún impacto hemos tenido. Además, vamos a tener muchos juicios. En enero está el de Julen en Málaga. Los juicios siempre despiertan mucho interés y es lógico. Creo que algo se está avanzando y existe una cierta sensibilidad social.
¿Ahora hay más pluralidad en Canal Sur?
En el último informe que haremos público dentro de poco no se recogen los últimos meses, por tanto estadísticamente no le puedo decir, pero creo que lo estamos viendo todos que se ha ganado en pluralismo. Además, por una lógica, tanto en el consejo de la RTVA como en el Audiovisual han entrado cinco partidos políticos. Y tuvimos la suerte de que se hizo por consenso, se votó por unanimidad. Me da la sensación de que se está trabajando en más pluralismo. No hay un partido que diga ordeno y mando. Hay que consensuar y dialogar.
Leo los datos del informe 2017-2018 de los temas de los informativos de Canal Sur y su proporción. Separatismo catalán, 4,7%; violencia de género 2%; inmigración, 1,9%; elecciones catalanas 2017, 1,4%; ERE irregulares, 0,8%. ¿Esto va a cambiar a partir de ahora?
Espero que sí, que los temas nuestros tienen que estar. Que hay una sobredimensión del tema catalán tiene cierta lógica, como antes ocurría con el País Vasco. Pero Canal Sur tiene que ocuparse de los andaluces. Y de los ERE se ha hablado y se va a hablar más. Hay que darle prioridad a lo andaluz.
En julio de 2015 se hizo en el Consejo un baremo sobre los tiempos de palabra para alcanzar el grado de pluralismo político en las televisiones: 60% para el gobierno, 35% para la oposición y 5% para las minorías sin representación. En vuestro informe os salen que sólo cinco de las 17 televisiones locales cumplen estos estándares de pluralismo político. ¿Esto qué lectura tiene, que las televisiones locales son un instrumento del partido gobernante?
Ese es un riesgo y existe. Lo que ha ocurrido en Jaén es un claro ejemplo. Onda Jaén era una radio muy claramente escorada hacia el PP, lo decía el informe del Consejo. Y llega un nuevo mandato y lo que hace es eliminarla. Esa no es la salida, es darle pluralismo. Hemos tenido demasiadas televisiones locales endeudas con quien gobierna en cada momento. Se constata que la evolución es positiva, pero ha habido casos en que el 90 por ciento de la información política era del alcalde de turno y la oposición un 10. Los extremismos cada vez se dan y se justifican menos.
Porque al final el espectador deja de verlas o escucharlas cuando se dan cuenta de que están al servicio del partido en el gobierno.
Lo que pasa es que eso se disfraza. Es que esta es la única televisión que da la Semana Santa. Es que esta da información sobre el equipo local. Hay mensajes políticos muy claros, pero se disfrazan con otras cosas para complementarlas. Bueno sí, ya sabemos que la tv tal o cual es del partido, pero es la única que da nuestra romería o nuestra feria. Hay muchos ayuntamientos que han considerado la televisión local como un vehículo de lucimiento o de justificación y eso se da sobre todo en los que hay hegemonía de un partido. Otros son más plurales. Antes existía el bipartidismo, con un poco de IU y andalucistas. Ahora hay un panorama mucho más diverso y en permanente ebullición.
La protección de los menores ante las nuevas tecnologías, los mensajes de Whats App, ¿no es una prioridad absoluta para el Consejo?
Sí, sin lugar a dudas. Hemos tenido unas jornadas en el Parlamento andaluz que han sido un éxito. En cuanto la mayoría de los ponentes que trajeron sus exposiciones en word point nos la pasen a texto lo colgaremos en nuestra página web. Estamos trabajando en varios frentes. Luchamos por la alfabetización mediática. Que la gente joven sepa que lo que graba puede ser para toda la vida y te lo pueden sacar en el momento más inoportuno. O que abras internet y te salga una historia extraña de hace 15 años en vez de algo actual. El problema es que legalmente eso lo cubre la Justicia. Es difícil diseñar una competencias en ese sentido. Sí hay una lucha moral. También nos preocupa la ludopatía que se da entre los jóvenes, así lo recogemos en el próximo informe. Y la obesidad infantil, la comida rápida y la falta de frutas. Tenemos que despertar en cierta medida a la opinión pública sobre estos problemas de nuestros jóvenes. Hacemos reuniones con representantes de Facebook o de Google y ellos mismos de alguna manera se muestran impotentes ante lo que está ocurriendo. ¿Cómo le ponemos puertas al campo?
Se está trabajando con más pluralismo. No hay un partido que diga ordeno y mando»
¿No os planteáis pedir más competencias?
Para eso tendría que haber más consejos audiovisuales en España y crear una corriente favorable. Pero hay comunidades que han cerrado su consejo, como la de Navarra, porque era mucho gasto; el 0,01, del Presupuesto, más o menos como el nuestro. No es un gasto creemos excesivo y además con tendencia a reducirse. En el año 2008 eran ocho millones y en el 2020 serán poco más de cuatro.
¿Cuánta gente hay ahora trabajando en el Consejo?
Sin contar los consejeros alrededor de 30. Luego tenemos una empresa contratada para ver la televisión, con personal muy cualificado, documentalistas, licenciados en Ciencias Políticas… que nos alertan de irregularidades.
En el aire estuvo la continuidad del Consejo. Vox llegó incluso a proponer eliminarlo.
Hay cosas que nacen del desconocimiento.
Pero, ¿el Consejo hace labor divulgativa de su trabajo o es un desconocido?
Los propios barómetros detectan que la mayoría de los andaluces desconocen que existe y para qué sirve. A veces piensan que somos una extensión de Canal Sur. Tenemos que darnos a conocer. Percibimos que se reciben pocas quejas. Si somos el órgano para controlar el buen hacer de la televisión y de ocho millones y medio de andaluces se reciben 40 o 50 quejas al año, esto es poco. La gente de boquilla se queja mucho pero luego en la realidad muy poco. No saben dónde ni cómo quejarse. «Es que esto es muy complicado, es que a ver si luego me identifican a mí y hay problemas», nos argumentan. Hay que concienciar para que lo hagan más.
¿El anonimato se mantiene si alguien se queja?
Ante terceros sí. Toda queja se tramita, se hace un informe jurídico si tiene relevancia. Hay muchas que no la tienen. Se le comunica a la parte interesada y en un plazo no superior a los tres meses se responde a quien ha emitido la queja; normalmente mucho antes.
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