Formación
La antigua cúpula de UGT Andalucía será juzgada a partir de 2024 por defraudar 40 millones en ayudas
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla enjuiciará al anterior secretario general y a otros cuatro ex responsables del sindicato en la comunidad
Ya hay fecha para el juicio contra la antigua cúpula de UGT Andalucía acusada del supuesto desvío de más de 40 millones de euros en subvenciones. El secretario general de la UGT Andalucía Francisco Fernández Sevilla, otros cuatro exresponsables del sindicato y diez proveedores se sentarán en el banquillo en sesiones que se celebrarán entre el 15 de enero y el 19 de junio de 2024. Antes, el 14 de diciembre de 2023, las defensas y acusaciones han sido citadas para la vista donde se expondrán las cuestiones previas, según consta en la diligencia de ordenación que ha dictado el letrado de la Administración de Justicia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla.
Todos ellos están acusados de urdir una supuesta trama para financiarse de manera irregular con el supuesto desvío de subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía para la formación de parados y trabajadores. En la citada resolución se programan 61 sesiones de juicio, además de la vista sobre las cuestiones previas.
El magistrado Juan José García Vélez ordenó la apertura de juicio oral contra la antigua cúpula de la organización ugetista, a la que ha impuesto una fianza conjunta y solidaria sin parangón para unos exdirigentes sindicales, que supera los 40 millones de euros . A todos ellos les imputa un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con otro de falsedad en documento mercantil.
Tras seis años de inv estigación, el juez concluyó que « el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047 euros«.
Embargo de los bienes
En el auto dictado hace un año, el instructor daba un día de plazo a cinco excargos de UGT-A para abonar la fianza y garantizar de este modo « las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérseles« durante el juicio oral, que celebrará la Audiencia Provincial de Sevilla. Si no deposita el dinero en el juzgado, »se les embargarán bienes en la cantidad suficiente para asegurar la suma señalada«, advierte el juez, quien ha decretado la apertura de juicio oral una vez formuladas las acusaciones por parte del Ministerio Público y la acusación particular de la Junta de Andalucía.
En el denominado caso de las facturas falsas , la Fiscalía Anticorrupción solicitó siete años de cárcel y una multa de 50 millones de euros para Fernández Sevilla. Idéntica pena y multa pide para el ex secretario general de Administración y ex tesorero de UGT-A, Federico Fresneda ; la secretaria de gestión económica María Charpín y Enrique Goicoechea , el consejero delegado de Soralpe, una entidad creada por UGT-A para endosar a subvenciones de la Junta supuestas facturas falsas y alquileres ficticios de las aulas donde se impartían cursos.
Todos ellos tienen que hacer frente de manera conjunta a una fianza por responsabilidad civil de 40,7 millones. A la quinta acusada de UGT-A, Dolores Sánchez Montaño , que fuera responsable del departamento de Compras, se le impone una fianza de 4,28 millones de euros. Contra el auto no cabe recurso, «excepto en lo relativo a la situación personal de los encausados».
El proceso contra la antigua cúpula sindical compromete también las finanzas de la federación regional del sindicato, a la que se le requiere la misma fianza de 40,75 millones de euros «en concepto de responsable civil subsidiario» en el caso de que los exdirigentes «no presten la fianza exigida». Además, el instructor le apercibe con el embargo de sus bienes «en cantidad suficiente» si no se procede a su abono.
En el banquillo de los acusados se sentarán, además, diez administradores de ocho empresas proveedoras del sindicato como «cooperadores necesarios» en el desvío de fondos públicos . Se enfrentan a fianzas que suman más de 4 millones de euros. En el caso de que no la depositen, se les requiere a las sociedades de manera subsidiarias las siguientes fianzas: 515.900,22 euros a Chavsa, 217.217,06 a Lienzo Gráfico, 856.673 a Publicar D.M., 1.051.613 a Siosa, 48.805,61 a Imprenta Pineda, 638,56 a Viajes Macarena, 1.067.286,97 a Caronte y 301.266 a Carpetas Abadía.
Acuerdo con proveedores
Según el relato de los hechos que hizo el magistrado en el auto de transformación del procedimiento abreviado, entre los años 2009 y 2013 « se ha constatado la existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias«. Este trato supuso »la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberían haber tenido: la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado«.
Para poner en marcha su plan defraudor, UGT-A necesitó de proveedores de confianza decididos a facilitar «la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato», según el auto que cierra la investigación.
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