Tribunales
Anticorrupción expone que en Invercaria «se creó un sistema de subvenciones encubiertas» a empresas
La Fiscalía mantiene su petición de seis años de cárcel para el expresidente Tomás Pérez-Sauquillo y otros cargos de esta empresa pública y de la agencia IDEA
El cuarto juicio del caso Invercaria ha llegado a su fin. El tribunal de la Audiencia de Sevilla que juzga las presuntas irregularidades en el préstamo de 300.000 euros con fondos públicos a la empresa jiennense Fumapa ha podido escuchar este lunes los informes finales de las partes personadas. La Fiscalía Anticorrupción , en su turno, ha expuesto que Invercaria «creó un sistema de subvenciones o ayudas encubiertas» a empresas a través de los préstamos participativos que concedió esta sociedad pública durante la gestión de Tomás Pérez-Sauquillo, el principal acusado en esta macrocausa de corrupción.
En el banquillo de los acusados, además de Pérez-Sauquillo, que ya cuenta con dos sentencias condenatorias en dos piezas separadas de Invercaria ya juzgadas, se sientan la exconsejera de la agencia IDEA y vocal del consejo de administración de Invercaria Isabel de Haro Aramberri; el ex director general de IDEA Jacinto Cañete (condenado a inhabilitación por el caso de los ERE ); el vocal del consejo de administración de Invercaria y del consejo rector de IDEA Ramón Martín; y los directivos de Fumapa y su sociedad derivada Fumafra Fulgencio Canales y Francisco Gutiérrez. Para los cuatro primeros, la Fiscalía mantiene su petición de seis años de cárcel por un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación de caudales públicos.
En cambio, la Fiscalía ha modificado su escrito de conclusiones provisionales retirando la acusación contra el empresario Francisco Gutiérrez cuya participación en los hechos se limitaría a la de «partícipe a título lucrativo» , y ha reducido la petición de pena respecto a Fulgencio Canales a un año y medio de cárcel. El abogado del PP-A, personado como acusación popular, se ha adherido a las peticiones de la Fiscalía.
El fiscal anticorrupción Fernando Soto, en su informe final, ha subrayado que la gestión de Invercaria en la gestión del préstamo de 300.000 euros a Fumapa «nunca se fiscalizó» . «Se hizo sin control», ha añadido.
Fumapa recibió en 2008 un préstamo participativo por valor de 300.000 euros. Esta empresa, radicada en La Carolina, era auxiliar de Santana , industria que contaba con el respaldo del Gobierno andaluz en esa época. Fumapa se declaró finalmente en concurso de acreedores , una operación que habría derivado en un perjuicio de 359.581,6 euros para las arcas autonómicas. Según han indicado las acusaciones, Fumapa tenía serios problemas de liquidez cuando se le concedió este préstamo. El abogado de la agencia IDEA ha ido más allá y ha indicado que el destino dado a los 300.000 euros fue otro bien distinto al que inicialmente tenían este tipo de préstamos participativos. «Fueron para pagar deudas de Fumapa» .
Además, para el representante del Ministerio Público, la actuación de Invercaria y sus responsables, especialmente de Tomás Pérez-Sauquillo, fue «de absoluta arbitrariedad », sin seguir los decretos y órdenes dictados para la gestión de este tipo de préstamos.
Por todo ello, el fiscal ha expuesto que en Invercaria «se creó un sistema de subvenciones y ayudas encubiertas, en un contexto de absoluta arbitrariedad, negligencia y descontrol de los fondos públicos». «Convirtieron un sistema de incentivos en un sistema encubierto de ayudas», ha insistido, comparando esto con un procedimiento específico como el de los ERE , procedimiento que sentó en el banquillo a 22 ex altos cargos socialistas de la Junta, como los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que resultaron condenados.
«Dejación deliberada de funciones»
«Se aprobó sin papeles ni documentación» . El préstamo concedido por Invercaria a Fumapa, jamás devuelto, habría sido concedido según el fiscal con una documentación «insuficiente e inconcreta», en un momento en el que la entidad estaba «en quiebra técnica», con lo que Pérez-Sauquillo, como presidente, «soslayó toda aplicación del plan director» de Invercaria y «cualquier análisis» de la operación, mientras los demás miembros del consejo de administración incurrieron según el Ministerio Público en una «dejación consciente y deliberada» de sus funciones, «incumpliendo las más elementales normas».
Además, ha concluido su informe señalando que la ayuda se pierde «por la mala organización, desastre y falta de control de Invercaria. Nadie pidió al empresario la documentación al empresario, que estaba obligado a ello. Nadie pidió las cuentas. La indolencia de la administración en el seguimiento del destino de este incentivo que cuando se declarar el concurso de acreedores, Invercaria tarda tres o cuatro meses en reclamar los fondos a la administradora concursal».
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