Andalucía tiene un empleado público por cada cuatro asalariados privados
En torno al 9% de la población activa en la comunidad, 276.103 personas, trabaja de forma directa para la Junta y su vasta «administración paralela»
El sector público representa, de lejos, la «industria» más pujante de Andalucía. Las cifras hablan por sí solas: de los 3.136.000 asalariados que hay en la comunidad, más de una quinta parte están a sueldo en alguna Administración. Dicho de otro modo, por cada cuatro asalariados privados hay un empleado público. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), Andalucía terminó 2019 con 564.500 asalariados públicos . El 21,8 por ciento de las personas que trabajan por cuenta ajena son funcionarios en el sentido más amplio del término, que abarca desde los funcionarios de carrera propiamente dichos hasta los laborales fijos, interinos y demás personal al servicio de entes instrumentales , sociedades de capital público y organismos autónomos que han surgido como una extensión de las distintas instituciones (Junta de Andalucía, Estado ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y universidades).
Noticias relacionadas
Pero la palma se la lleva la Junta y su denominada «administración paralela», que paga 276.103 nóminas , el 8,8 por ciento de la población activa, que a finales de 2019 alcanzó los 3.136.000 ocupados. De ellos, 250.058 trabajan para la Administración pura y dura, 26.043 para su sector público y 434 puestos se reparten entre altos cargos (218) y asesores (216), según el proyecto de presupuestos de 2019.
La Junta, primera empresa
Cerca de 37 años de gobiernos del PSOE en la institución territorial con más poder y mayor presupuesto de España han convertido a la Junta en la primera empresa de la comunidad, la principal contratista , la mayor consumidora de bienes , la dueña número uno de inmuebles y la más importante fuente de empleo. PP y Ciudadanos llegaron al poder prometiendo una reducción drástica de la «administración paralela», cerrando «chiringuitos políticos» y «entes expuestos a la corrupción» para favorecer «la despolitización d e las agencias, empresas y fundaciones », según el acuerdo con 90 medidas que firmaron ambos partidos. El primer aniversario del «Gobierno del cambio» ha dejado la impresión de que hay mucha grasa que perder, pero existe reticiencia a acometer despidos en el sector público.
La esperada «liposucción» administrativa se ha quedado en algunos retoques cosméticos. El Ejecutivo ha acelerado la disolución de 82 antiguas Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, cuya liquidación inició el anterior Gobierno y sus cerca de 800 empleados acabaron siendo absorbidos por el Servicio Andaluz de Empleo tras ganar el pulso judicial a la Junta por sus despidos. Se ha disuelto el Consorcio del Guadalquivir, un ente fantasma sin empleados, y ha desaparecido la Fundación Pública Mediara, tras el cese de su directora y el retorno del único funcionario adscrito a su plaza anterior. En paralelo, la Junta ha encargado 16 auditorías para arrojar luz sobre el mapa de las entidades instrumentales, una imposición de Vox a cambio de aprobarle los presupuestos de 2020.
Para saber si un 21,8 por ciento de asalariados públicos es mucho o poco hay que poner la cifra en relación con otras comunidades. En Andalucía está por encima de la media nacional, que se sitúa en el 19,2 por ciento, pero no llega a los niveles de Extremadura , donde el 31,2% de los empleados por cuenta ajena tienen como pagador a la Administración.
En general, las regiones más densamente pobladas presentan menos porcentaje de funcionarios que Andalucía, cuya economía está lastrada por la debilidad de su industria manufacturera y la excesiva dependencia del sector servicios . En Cataluña el empleo público representa sólo el 14,9 por ciento. En la Comunidad Valenciana, el 17,1 por ciento, y alcanza el 17,8 por ciento en Madrid, donde la capitalidad del Estado le otorga un plus y la convierte en el único territorio donde la Administración central tiene más peso como patrón que el resto de instituciones.
En números absolutos, Andalucía es la comunidad con más empleo público. También es la región más poblada. La segunda es Madrid, que da trabajo directo a 503.400 asalariados , pero tiene un sector privado con más músculo.
Durante la recesión, las estrecheces presupuestarios sometieron a las plantillas de las instituciones a una dieta de adelgazamiento para embridar sus finanzas . Las ofertas públicas de empleo se congelaron. Las bajas apenas se sustituían y se pusieron límites a la reposición de jubilados. Menos la carga de trabajo, que se acrecentó, la crisis encogió casi todo, incluidos los sueldos, que poco a poco fueron recuperando. La reducción de efectivos, en cambio, no tuvo punto de comparación con los estragos que dejó la recesión en el empresariado.
Pero, a medida que se iba alejando la crisis por el retrovisor, el sector público volvió a recuperar gran parte del peso perdido . De los 524.400 asalariados que cobraban de las administraciones a finales de 2014 pasaron a los 564.500 en 2019. En el último quinquenio se han incorporado 40.100 efectivos.
Sanitarios y profesores
El grupo más numeroso es el de los profesionales sanitarios , que suman 102.084 -94.421 en el Servicio Andaluz de Salud y otros 7.843 en cinco agencias empresariales-, seguido de los docentes, que alcanzan los 101.820 en Andalucía. Ambos forman parte de la estructura burocrática de la comunidad, que asumió estas competencias del Estado.
La relajación en la lucha contra el déficit ha disparado las ofertas de empleo público. La Consejería de Educación sacará 6.326 plazas en las oposiciones de este año , principalmente para profesores de Secundaria. Es la mayor oferta docente desde 2008. El sector público seguirá batiendo marcas en la báscula del mercado laboral.
