Crisis sanitaria
Andalucía tiene cinco veces menos contagios de coronavirus que la Comunidad de Madrid
Los tribunales sí avalan los confinamientos «muy consensuados» de la Junta de Andalucía
Los tribunales han dado seguridad jurídica a las restricciones de carácter sanitario y a los confinamientos selectivos aplicados en Andalucía para frenar la segunda ola de contagios por Covid-19. Desde la Junta de Andalucía miraban hacia Madrid con recelo y contenían la respiración después de que el alto tribunal de esta comunidad levantara el cierre de la capital y de otros ocho municipios impuesto por el ministro de Sanidad porque carecía de una «habilitación legal» para limitar derechos fundamentales. La situación epidemiológica también es muy distinta. El índice de contagios en Andalucía «es la mitad que en la media de España; y cinco veces menor que en la Comunidad de Madrid », destacaba este viernes el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo .
A diferencia de Madrid, en Andalucía las medidas adoptadas venían avaladas por el comité de expertos y habían sido consultadas, antes de su aprobación, con la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, y los alcaldes de los municipios afectados, Casariche, Almodóvar del Río y Linares . Están «muy consensuadas y muy avaladas técnicamente», destaca el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). No había tampoco ninguna disputa de competencias. Aun así, la preocupación no se había disipado del todo.
Para cubrirse las espaldas, el Gobierno andaluz del PPy Ciudadanos acudió a los jueces y éstos le han proporcionado el colchón legal que buscaba. Por partida triple, el TSJA ha ratificado los cierres de Casariche, en Sevilla, y de Almodóvar del Río , en Córdoba, durante 15 y 10 días, respectivamente, acordados por el Gobierno andaluz, así como las suspensiones de visitas en geriátricos golpeadas por el Covid-19 y limitaciones en bodas. Los jueces consideran las medidas de la Junta «proporcionales» e «imprescincibles para garantizar la salud pública de los vecinos», lo que prevalece sobre la libertad de movimientos.
El TSJA ha tenido en cuenta que las resoluciones andaluzas fueron dictadas «por la autoridad competente en el ámbito sanitario». Un matiz importante con respecto a la orden dictada por el ministro Illa, tumbada por el alto tribunal madrileño. Ante las desavenencias con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Pedro Sánchez ha apretado el botón rojo del estado de alarma.
El seísmo institucional con epicentro en la capital de España tuvo también sus réplicas en forma de movimientos tectónicos en la coalición del PP y Ciudadanos en Andalucía. «Madrid es el centro neurálgico del país» y « todo lo que pase allí tiene irradiación al resto de España », apuntó el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP), que se refirió a las segundas residencias de madrileños en Andalucía. Mientras el portavoz del Gobierno andaluz echaba un capote a Ayuso, de su mismo partido, y tildaba el estado de alarma como un acto de «soberbia» de Pedro Sánchez tras el revés judicial, la parte naranja de la Junta se alineaba con el Ejecutivo central y celebraba esta medida drástica porque «si va en la línea de salvar vidas, que es lo importante en este momento», apuntaba Juan Marín (Cs).
Argumentos jurídicos
Menos diferencias hay entre los jueces que han validado las órdenes andaluzas. En el caso de Casariche, la resolución de 29 de septiembre de la Junta para restringir su movilidad «tomó en consideración el aumento de la tasa de incidencia» del Covid-19 en el pueblo, que en los últimos 14 días había ascendido a 4.545 por cada 100.000 habitantes, y «una situación de riesgo grave e inminente» para los vecinos.
En lo que atañe a Almodóvar del Río , con 7.937 habitantes –1.373 son mayores de 65 años–, el TSJA razona que la restricción de movilidad «descansa en los datos del Informe de Evaluación Específica de Riesgo Covid-19 que evalúa en grado intermedio el riesgo de expansión y pérdida de control de la situación ». Los jueces valoran su escasa población y «la confirmación en los últimos 14 días de 118 casos y en los últimos siete días de 44 defunciones».
Además, la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada apoya la orden del 1 de septiembre que rebajó casi a la mitad el número de invitados en las bodas y estableció limitaciones para los congresos, conciertos y festivales . También se acordaba el cierre de las playas al público por la noche y la suspensión de las visitas en las residencias de ancianos con un positivo o tres casos sospechosos.
Los magistrados concluyen que las medidas «son justificadas y proporcionadas –y hemos de añadir, necesarias– para la consecución del fin que se pretende, esto es, la protección de la vida, salud e integridad física , al amparo de los artículos 15 y 43 de la Constitución». La resolución contó con el voto particular en contra de un magistrado, que consideró «la suspensión de todas las visitas» en los geriátricos como «una suerte de arresto domiciliario».
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