Andalucía sigue sin plan de vivienda en la legislatura de los desahucios
La Comunidad acumula la cuarta parte de las ejecuciones hipotecarias que se registran en España
El consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Felipe López, llevará este mes de marzo al Consejo de Gobierno el Plan Andaluz de la Vivienda 2016-2020, al que ha calificado de «ambiciosamente realista». El plan fue sometido hasta el 16 de febrero a un periodo de información pública y posteriormente remitido al Consejo Económico y Social antes de su aprobación. El nuevo plan pondrá fin a una paradoja : la Junta ha agotado una legislatura completa sin plan de vivienda vigente precisamente en los años de crisis económica , tras reventar la burbuja inmobiliaria y cuando la vivienda social se convirtió en una prioridad política.
Ante ese drama y el agotamiento temporal, económico y político de los planes inconclusos precedentes de vivienda, la Junta de Andalucía con la coalición de gobierno PSOE-IU aprobó en octubre de 2013 una Ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda , cuya exposición de motivos se iniciaba con una cita a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Venía precedido de un decreto ley, que cuestionaba el derecho a la propiedad y fomentaba la expropiación forzosa de viviendas de particulares deshabitadas y que fue recurrido por el Gobierno en el Tribunal Constitucional.
El Pleno del Tribunal Constitucional estimó de forma parcial el recurso del Gobierno. La Junta dictó, con posterioridad al recurso contra este decreto, una Ley de Vivienda que derogó parcialmente el texto ahora anulado, aunque aquella ley fue también recurrida ante el Constitucional. Han pasado tres años en los que los desahucios fueron ariete en el discurso político . La Ley no solucionó el problema de los ciudadanos pero fue un ariete para el debate político en la estrategia de desgaste al Gobierno de Mariano Rajoy al que se acusaba directamente del drama de los desahucios.
Pasados tres años de la aprobación de la Ley, la Junta de Andalucía sigue sin firmar el convenio con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria ( Sareb ) para ofrecer un alquiler social de hasta 850 viviendas a familias vulnerables. El Parlamento andaluz aprobó por unanimidad una propósición no de ley presentada por Podemos instando a la Junta a firmar este convenio que ya han firmado Cataluña, Galicia, Aragón y País Vasco, los ayuntamientos de Madrid y Barcelona y que negocia también el de Sevilla. Desde la Consejería de Fomento se anunció el pasado 25 de febrero la firma «inminente» de un acuerdo para suscribir el uso de más de 400 viviendas vacías de la Sareb en Andalucía para destinarlas a alquiler social para las familias más necesitadas.
Programa de defensa
La misma Consejería de Fomento y Vivienda puso también en marcha hace años un «Programa andaluz en defensa de la vivienda». No obstante, los datos de familias atendidas por este programa podrían calificarse de discretos teniendo en cuenta que, según la evaluación de la consejería en septiembre del pasado año, entre 2012 y 2015 las ocho oficinas de Defensa de Derecho a la Vivienda atendieron un total de 18.689 «visitas» , la gran mayoría solicitando intermediación. Un total de 3.258 familias se acogieron a un protocolo de atención temprana y 4.310 personas solicitaron labores de negociación, especialmente para la renegociación de condiciones de préstamos hipotecarios .
Mientras, Andalucía ha acumulado en estos tres últimos años una cuarta parte de las ejecuciones hipotecarias de España. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2014 se ejecutaron en Andalucía 29.917 hipotecas de todo tipo de fincas de las 120.539 que se contabilizaron en España. En el último periodo registrado, correspondiente al cuarto trimestre de 2015 , en España que han producido 13.215 ejecuciones hipotecarias sólo de viviendas, de las que 3.376 fueron andaluzas . La proporción se mantiene.
Ala espera de un plan de vivienda que fije la política de la Junta en la materia para los próximos años, se anuncia la futura Ley de retracto , se ha impulsado una orden de ayudas para desahuciados con una dotación ampliada a 3,8 millones , y se aprueba otra nueva Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria sobre la Vivienda, el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. Otras medidas, como la reciente firma del acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial para coordinar a los jueces con los servicios sociales para poder paralizar los desahucios en caso de exclusión social llegan cuando los desahucios ya no llenan páginas de telediario.
El Consejo de Gobierno aprobará este mes un nuevo plan cuatrienal para regular el sector
La sucesión de decretos, leyes sin desarrollo y otras medidas no palia la ausencia de un plan de viviendas que hubiera marcado las pautas al sector en una época de crisis. La falta de inversión pública en construcción de vivienda social ha sido elocuente cuando más protagonismo ha tenido en el discurso político.
La diputada Alicia Martínez , portavoz del PP en la comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento andaluz, considera que la Junta ha tenido una actitud de «brazos caídos» en política de vivienda mientras ha desmantelado en la última legislatura la política social de vivienda con descensos de hasta el 80% del presupuesto . «Ha sido una legislatura única en la historia porque no ha tenido un plan de viviendas para Andalucía».
La ausencia del Plan andaluz ha impedido canalizar buena parte de los 495 millones de euros del convenio con el Estado firmado en 2014 destinados a políticas de alquiler y rehabilitación, para la sostenibilidad urbana y para intervención en barriadas degradadas.
Parque completo
Tampoco se ha apostado por la construcción de viviendas sociales. La Junta de Andalucía gestiona un parque de 84.000 vivienda s protegidas , de las que 47.873, son de su titularidad gestionadas en régimen de alquiler. La mayoría, 43.526 están sujetas a un «alquiler social» con una renta media mensual de 33,9 euros . La consejería asegura que todas las viviendas de titularidad de la Junta se encuentran ocupadas y cuenta formalmente con contratos de arrendamientos suscritos y no existen grupos o promociones completas de viviendas pendientes de adjudicar. Sólo de «forma residual y puntual» se dan casos de renuncia de los adjudicatarios al contrato o se producen ocupaciones de forma ilegítima.
La propia Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)dependiente de la Consejería de Fomento reconoce que un total de 34.228 inquilinos mantenía en el segundo semestre del pasado año alguna deuda en concepto de renta a pesar de las medidas puestas en marcha para aliviar la carga económica que supone el uso de la vivienda pública en régimen de alquiler, desde la renta a los pagos residenciales y de comunidad.
Para Alicia Martínez este parque de viviendas necesita una gestión más eficaz, rehabilitación y una gestión más transparente para saber quiénes ocupan esas viviendas, si verdaderamente lo están necesitando, o si hay otras personas que podrían acceder a esas viviendas sociales.
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